Getxo autorizó los pisos en el palacete derribado un día antes del veto de dos años a más licencias

Biurban, empresa que se dedica a crear cooperativas, fue la que inicialmente presentó el proyecto básico en el Consistorio getxotarra el 29 de junio de 2022 y logró la licencia el 18 de octubre de ese año. En enero de 2023 comenzó a captar socios y en julio trasladó al Ayuntamiento que la titularidad del permiso cambiaba a favor de Ereaga Atalaya, cooperativa a la que se unieron en marzo de ese año los concejales del PNV Inaxio e Irantzu Uriarte. Él es el portavoz, tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, Tesorería e Intervención, y su pareja es la concejala de Contratación y presidenta del Aula de Cultura.

La Junta de Gobierno local le concedió a Biurban la licencia el mismo día que el Boletín Oficial de Bizkaia publicaba la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo y la suspensión de licencias para construir viviendas por «el plazo de dos años, incluida en el área de ejecución de San Nikolas en el que se ubicaba el palacete de 1845», según denunció ayer el PP. Irantzu Uriarte formó parte de esa Junta como integrante del gobierno. Su compañero sentimental no acudió por razones que no han trascendido, aunque sí estuvo esa semana en el Ayuntamiento.

El concejal de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza, que compareció ayer en la Comisión de Territorio para informar del expediente sancionador a la promotora, remarcó que la licencia se concedió a «Biurban» y no a la cooperativa de la que formaron parte posteriormente sus dos compañeros de partido. El edil restó importancia a la coincidencia de fechas. Aseguró que «todos sabíamos que entrábamos en un plan general y no esta empresa, muchas, han intentado acelerar para cerrar las licencias».

«No es un caso especial, confío totalmente en la labor de mis técnicas y estoy seguro de que se les ha tratado igual que al resto. No ha habido ningún trato de favor», defendió. Urkitza estuvo acompañado del concejal de Urbanismo, Álvaro González, que informó detalladamente de la cronología del expediente. El derribo del palacete ha provocado una gran conmoción social y política en el municipio. El PSE, socio de gobierno del PNV en Getxo, se ha desmarcado y ha preferido mantener la «cautela y prudencia», después de que el caso tomase un «cariz político».

Los responsables municipales informaron de que con el PGOU vigente de 2001, en base al que se tramitó el proyecto, se podía derribar el edificio con la protección de Custodia Municipal, previo estudio e informe de los técnicos municipales. En este caso, el Ayuntamiento obligó a preservar tres de las cuatro fachadas del edificio de 1845. De aplicarse el futuro PGOU que se aprobará de forma definitiva, previsiblemente el mes que viene, no se podría haber demolido de ninguna forma al aplicarse la nueva Ley de Patrimonio Cultural.

El Consistorio ha puesto en marcha un expediente sancionador por el derribo de las tres fachadas del palacete y un funcionario instructor estudiará si ha habido un delito. En caso de indicios trasladará la información a la Fiscalía. Tanto Urkitza como González aseguraron que «el Ayuntamiento de Getxo ha actuado con arreglo a la legalidad, como lo hace en todos los expedientes, con diligencia y adoptando las medidas para la preservación de la legalidad existente». Negaron que el Ayuntamiento tuviera «conocimiento de los trabajos, precisamente porque se estaba pendiente de otorgar el acta de replanteo», trámite obligatorio para poder iniciar las obras, y razón por la que se paralizaron.

La cooperativa solicitó a finales de julio de 2024 que se diera el visto bueno al proyecto de ejecución para arrancar el tajo, aunque desde «febrero» estaba actuando en la finca, según denunciaron los vecinos. La cooperativa ha alegado que estaba preparando el terreno y desbrozando, aunque ha realizado dos agujeros de gran profundidad para los garajes y la cimentación.

Según revelaron los propios concejales, «el 2 de agosto la dirección facultativa de Ereaga Atalaya dio la orden de derribar de forma unilateral ante el riesgo que había», después de que tuvieran lugar desprendimientos porque en mayo se había roto una tubería. Tres días después lo comunicaron al Ayuntamiento con un informe de urgencia redactado por Foraster Arquitectos.

El mismo día que tiraron las tres paredes un vecino llamó a la Policía Municipal que comprobó la inexistencia del edificio. El 9 de agosto se incoó un expediente. El Ayuntamiento ha pedido a la promotora volver a levantar el edificio y le da un mes para presentar un nuevo proyecto.