Los forenses dicen que la enfermera 'antivacunas' sufre un «trastorno delirante»

Según explicaron los peritos, en la historia clínica de M. I. R. M. figura que el 9 de junio de 2021 fue atendida por los profesionales de Osakidetza por este motivo. Su médico de familia la derivó entonces a Psiquiatría. En esa anotación se recoge también que 8 meses antes de esa fecha la procesada comenzó a experimentar indicios de algún tipo de alteración en su estado mental.

Durante todo ese tiempo la procesada trabajó como enfermera en el centro de salud de Kabiezes. Allí se dedicó a atender a niños desde febrero de 2021 hasta octubre de 2022, cuando EL CORREO desveló que Osakidetza investigaba a esta profesional tras recibir las reclamaciones por escrito de varias familias que sospechaban que había simulado vacunar a sus hijos. Para comprobarlo Salud había puesto en marcha un examen serológico para conocer si los pequeños estaban inmunizados.

Este jueves estaba previsto que la propia procesada testificase ante el tribunal, algo que finalmente no hizo. «Me van a perdonar pero no me siento en condiciones para declarar», trasladó desde el estrado. Los magistrados aceptaron su petición.

Aitzol Asla, abogado de las 42 familias personadas en la causa, indicó que, según figura en el informe forense, «desde el punto de vista médico-legal, se puede estimar una severa alteración, e incluso una anulación total, de las capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados, por lo que probablemente esta mujer no esté, o no estaba, capacitada para entender los hechos que cometió».

Esta circunstancia puede ser un atenuante que modifique en la sesión final del juicio de este viernes las peticiones de condena por parte del Ministerio Público, Osakidetza y el Colegio de Enfermería. Solicitaban inicialmente para la procesada 7,5 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. La acusación particular, por su parte, elevaba esta petición a 12 años. La defensa de la procesada, por su parte, encabezada por Luis María Pardo, pedirá previsiblemente la absolución dado su estado de salud.

Los forenses explicaron que los compañeros que trabajaban con la acusada «no tenían por qué saber esa situación médica» de M. I. R. M., al ser información personal incluida en su historia clínica. Varios trabajadores del centro de salud de Kabiezes, incluida la pediatra con la que compartía consulta y la responsable de Enfermería del ambulatorio, reconocieron el miércoles ante el tribunal que eran conocedores de las quejas de las familias sobre la manera de proceder a nivel profesional de esta enfermera. A esta última, se le pidió que supervisase la praxis profesional de la acusada.

De hecho, se celebraron varias reuniones, la primera en septiembre de 2021, en la que varios cargos de este centro y de la OSI de Cruces abordaron la actuación de la sanitaria y le pidieron que se «ciñese» a los protocolos de Osakidetza tanto en materia de alimentación como de vacunación infantil. De no hacerlo, le advirtieron que sería suspendida como enfermera pediátrica. Sin embargo, no se la apartó, siguió pasando consulta y simulando presuntamente que vacunaba a los niños de Kabiezes hasta octubre de 2022.