La Fiscalía pide prisión permanente revisable para la mujer que mató a su hija en Atxuri

La causa, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, ha pasado a calificarse de asesinato en lugar de homicidio, como se consideraba al principio. La mujer, identificada como Ada, de 37 años, fue detenida por la Ertzaintza acusada de matar a su hija después de permanecer dos días en coma en el hospital de Basurto, ya que ella misma también se había intoxicado con la ingesta de medicamentos. En la actualidad, la imputada se encuentra ingresada en prisión provisional a la espera del juicio, que se celebrará en la Audiencia provincial vizcaína ante un jurado popular.

Según ha podido saber este periódico, tanto la Fiscalía como la acción popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, y la acusación particular, que representa los intereses del padre de la cría, solicitan en sus calificaciones provisionales la prisión permanente revisable para la acusada. Se la atribuye la autoría de un delito de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco, por el que piden 25 años de cárcel, que en caso de ser de prisión permanente cumpliría íntegramente. Por su parte, la defensa reclama la libre absolución de su patrocinada.

Se trata de la primera vez que se solicita esta condena en Bizkaia, aunque en el resto de España hay varios casos, alguno de ellos muy reciente. Hace apenas quince días, un jurado emitió el veredicto de culpabilidad sobre Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel en Almería. Queda ahora aguardar a que el juez emita la sentencia, que oscila entre la posibilidad de una prisión permanente revisable que piden la Fiscalía y las acusaciones o una condena más leve solicitada por la defensa.

En el País Vasco ya se ha fijado la prisión permanente en una ocasión, en septiembre de 2018, cuando se juzgó a un hombre por haber lanzado por la ventana de un domicilio particular a un bebé en Vitoria. La pequeña cayó desde una altura de cinco metros y sufrió graves traumatismos en la cabeza que finalmente le causaron la muerte. El acusado intentó durante el juicio transmitir un perfil de enajenación mental en el momento en que ocurrieron los hechos que no convenció al jurado, que le declaró culpable de la muerte del bebé y de un intento de asesinato de la madre.

La figura penal se aprobó en 2015 para casos especialmente graves, como terrorismo, crímenes múltiples o asesinatos de niños, como es el caso de la mujer de Atxuri, el de Ana Julia Quezada o el juzgado en Vitoria. Supone que, una vez cumplida una parte importante de la pena, el reo sea sometido a una revisión por parte de un tribunal antes de poder recuperar la libertad.

Dicho examen se produciría entre los 25 y 35 años posteriores a la condena, no antes. Esta figura existe en la mayoría de los países europeos y lo que varía es el plazo establecido hasta la primera revisión. España figura entre las más severas, aunque no tanto como en Francia, donde la legislación establece la posibilidad de que el reo pida la libertad condicional solo a partir de los 30 años de reclusión.

Los hechos que se le imputan a Ada ocurrieron el pasado 16 de enero en su piso de la calle George Sterr, situado en la parte antigua de Bilbao. La hija mayor de la mujer fue quien encontró a su madre y a su hermana pequeña inconscientes en el dormitorio. Las dos estaban tumbadas en la cama y abrazadas. De inmediato, dio la voz de alarma. Cuando los equipos sanitarios llegaron, la niña ya había fallecido, mientras su madre sufría una parada cardiorrespiratoria y mantenía un hilo de vida.

Los sanitarios lograron salvarla y trasladarla al hospital. En la casa, junto a la cama, se encontró una carta manuscrita, que la Ertzaintza atribuyó posteriormente a la acusada y en la que se culpaba a un tercer individuo del crimen. Más tarde, en su declaración ante el juez, la acusada ha mantenido que fue un hombre «enmascarado» el que la obligó a envenenar a la menor y después a intentar ella misma quitarse la vida. Los investigadores de la Ertzaintza realizaron una serie de pesquisas para descartar la implicación de terceras personas e invalidar esta hipótesis.

El informe psiquiátrico que se incluye en la causa descarta que la acusada presente ninguna patología que le pueda haber afectado a sus capacidades volitivo-cognitivas. Es decir, se trata de una persona imputable y puede ser sometida a juicio, indican fuentes cercanas al caso.