Educación deberá pagar 15.000 euros a una profesora acosada por la dirección de su colegio en Barakaldo

La maestra, representada por el bufete bilbaíno Marcos Abogados, impartía Educación Infantil y llevaba diez años trabajando en el mismo centro público. Según declaró, los comentarios «de menosprecio» por parte de la directora y la jefa de estudios venían de lejos. El mayor enfrentamiento, sin embargo, se produjo en el curso 2013/14 cuando la docente era tutora de un aula de tres años. La jefa de estudios le reprochó entonces que prolongara el tiempo de recreo de los niños y la llamó al orden. En otra ocasión, le reclamaron un supuesto escrito de planificación que debían tener sobre la mesa todos los profesores por si faltaban, para que el sustituto supiera qué guión seguir en la clase. Tras preguntar al resto del claustro, la demandante comprobó que tampoco sus compañeros lo tenían.

La directora convocó una reunión el 19 de octubre de 2017, que en la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao el magistrado califica de «juicio sumarísimo». En la misma, la responsable del colegio recordó que los recreos no pueden prolongarse, pero también reveló que la profesora había acudido a la Inspección de Trabajo a quejarse.

Además de tacharla de «impuntual», concluyó que «su conducta no era aceptable en la Escuela Pública Vasca». Resulta palmario, a juicio del tribunal, que la reunión «se transformó en el examen, valoración y censura de la actividad de la demandante delante de sus compañeras». El objetivo, según los jueces, pasaba por «intimidar a quienes cursaran quejas por ese cauce».

A raíz de ese día, debido al «disgusto», la maestra cayó de baja por «estrés laboral», que se prolongó durante seis meses. Sufría un trastorno ansioso-depresivo provocado por la conflictividad. Se sentía «despreciada y desconsiderada». La demandante carecía de antecedentes psiquiátricos. Ante la «inacción» por parte del Departamento de Educación, la docente optó por recurrir a los tribunales y cambiar de centro al inicio del actual curso 2018-19, durante el cual su estado ha mejorado notablemente.

La sala de lo Social del Tribunal Superior considera que el Departamento de Educación ha «incumplido la normativa de riesgos laborales ante un conflicto laboral en el que participaron las dos codemandadas activamente al someterla a acoso laboral». Existe un protocolo para estos casos, que nunca llegó a aplicarse y que prevé abrir una investigación. Los jueces reprochan a Educación que «omitiera cualquier medida para restringir el riesgo psicosocial».

En primera instancia, el juez de lo Social condenó a indemnizar solidariamente a la directora y a Educación con 5.789 euros por el «perjuicio patrimonial y físico». El Tribunal Superior, por contra, absuelve a la directora y obliga a la Administración a abonar tal cantidad, además de otros 10.000 euros por daños morales. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, incluye el voto particular de un magistrado, que rechaza «atisbo alguno de persecución» a la profesora y atribuye los reproches a las labores propias de la dirección de un colegio.