La Ley de Aportaciones y el nuevo San Mamés

La ley que regula lo que cada territorio aporta al Gobierno vasco a través de su diputación es la Ley de Aportaciones, cuya aplicación inicial concluyó en el año 2011. Se han vertido ríos de tinta sobre sus efectos, la exactitud de sus cálculos y su contribución o no a una comunidad autónoma más cohesionada y solidaria. Suponía algunas ventajas para los territorios históricos ya que permitía a las diputaciones, en teoría, contar con más recursos. Pero sobre todo fue la incorporación de los fondos interinstitucionales de inversión y una mayor dotación para el fondo de solidaridad lo que la hizo más atractiva en teoría. Sobre el papel parecían grandes avances aunque hubo quien advirtió (los populares Juan Antonio Zárate y Ramón Rabanera) de que seguía parcheando la falta de recursos de las diputaciones forales y consolidando cierta sobrefinanciación del Ejecutivo vasco.

Pero a medida que han transcurrido sus años de vigencia se irán poniendo en evidencia más y mayores debilidades de la ley. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la UPV/EHU, resume así de sencillo sus grandes errores: con la Ley de Aportaciones, Álava y Gipuzkoa pagan de más y Bizkaia, de menos. En concreto y según sus tesis, Álava paga un 5% de más, Gipuzkoa un 3,5% por encima y Bizkaia un 3,7% de menos: unos 170 millones de euros.

Desde 2011 y sobre todo 2012, la exigencia desde Álava y Gipuzkoa para modificar la ley se hace cada vez mayor porque los desajustes provocan que cada alavés pague al Gobierno vasco un 16% más que un vizcaíno y un 10% por encima que un guipuzcoano. Mientras que un vizcaíno aporta al Ejecutivo autónomo 4.003 euros, cada alavés dsembolsa 4.651 y un guipuzcoano 4.233.

El último plazo que se habían dado las instituciones vascas para la renovación de la ley fue el pasado 16 de diciembre. El diputado general de Álava tres días antes confiaba en un acuerdo, aunque no era capaz de concretar en qué consistiría. En esos días, en una comisión de Hacienda de las Juntas alavesas confesó que fue el propio consejero vasco de Hacienda quien le llamó para comunicarle que no había ni acuerdo ni renovación de la ley. Es admirable semejante arranque de sinceridad. ¿Por qué es el consejero de Hacienda el que comunica la noticia al diputado general de Álava? ¿No fue entonces una decisión consensuada entre las tres diputaciones por causas de fuerza mayor? ¿Fue quizá un trágala, una imposición a las instituciones forales? Desde abril ya se conocía la Ley Municipal, que se ha utilizado como última excusa.

En las previsiones de 2017 se contará con el parón de Petronor y por eso confían en que Álava alcance el 99% de su coeficiente de recaudación. Algunos se conforman con ese 99% y no piden al Gobierno vasco que asuma más riesgo.

Tenemos un sistema en el cual hay dos territorios que solo dejan de perder dinero si el tercero hace una previsión o un cierre a la baja. No hay valentía para cambiarlo porque posiblemente le vendrá mal a Bizkaia ajustar los coeficientes justo cuando acumula varios cierres sin cumplir las previsiones y a la luz de los datos es, junto al Gobierno vasco, la gran beneficiada del actual modelo.

Abordemos ya un sistema más justo que no genere desequilibrios porque queremos una comunidad autónoma en la que no nos miremos de reojo, sino con lealtad y en la cual el éxito de uno sea el éxito de todos. ¿Es la actual Ley de Aportaciones la mejor forma de lograr mayor cohesión interna, la solidaridad entre territorios y que cese el sentimiento de agravio de los territorios más pequeños?

La pena es que en el PNV de Álava no se cuestionan nada de esto. Y mientras tanto, Álava ha perdido, salvo en contadas excepciones, una media de 31 millones al año, lo que equivale al gasto anual de 6 residencias de mayores y supera el presupuesto de 2017 para todo el Departamento foral de carreteras. Aún sin fecha para la renovación de la ley, estamos pagando una fiesta en la que no hemos sido invitados.