Pensiones públicas: cuestión de voluntad política

Hay que eliminar medidas que reducirán las prestaciones futuras y buscar más ingresos

UNAI SORDO | SECRETARIO GENERAL DE CC OO EUSKADI

La viabilidad de un sistema de pensiones depende de la voluntad política por mantener un porcentaje suficiente de la renta que genera un país para mantenerlo. CC OO apuesta por un sistema público, suficiente, contributivo y de reparto. Solidario entre rentas, generaciones y territorios.

¿Está el sistema en crisis? ¿Qué tipo de crisis? ¿Se puede solucionar?

Por partes. El sistema español de pensiones ha tenido una de sus fortalezas en un amplio consenso político y social que habría que recuperar. Sabíamos que se iban a pagar más pensiones más personas jubiladas, durante más años mayor esperanza de vida y de cuantía más elavada, pues las pensiones que entran en el sistema son de mayor cuantía que las que salen.

En el año 2030 habrá 12 millones de pensionistas y 15 millones en 2050. Las estimaciones después de la última reforma de pensiones pactada en 2011 decían que, en ese momento álgido, el gasto iba a estar en torno al 14% del PIB. Cantidad importante, pero asumible por un país si democráticamente así lo decide.

Como la previsión de ingresos era inferior en torno al 10,4%, teníamos que optar por varias opciones: disminuir las pensiones futuras o incrementar los ingresos. La apuesta de CC OO es inequívoca: mejorar la estructura de ingresos del sistema incorporando fuentes de financiación adicionales imposición general y presupuestos para salvar los momentos de mayor gasto, sin deteriorar las prestaciones.

La crisis económica, la destrucción de empleo y la precarización salarial han adelantado el problema. La nefasta gestión del Gobierno del Partido Popular lo ha agravado. En estos momentos, el desequilibrio financiero anual de la Seguridad Social para 2016 será de 18.000 millones, según la previsión que el Gobierno ha enviado a Bruselas.

En lugar de abordar el adelanto de medidas que estaban previstas para más adelante, el Gobierno ha optado por el camino contrario. Ha acudido al Fondo de Reserva la hucha de las pensiones suspendiendo los límites máximos de utilización que recogía la Ley. Ha adoptado dos medidas destinadas a reducir de forma sustancial las pensiones futuras: el cálculo de la cuantía de la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida factor de sostenibilidad y la nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones. La combinación de ambas medidas puede reducir la tasa de reemplazo relación entre pensión o último salario del 79% de 2013 al 48,6% para 2060.

Y, además, con medidas como las llamadas tarifas planas ha reducido los ingresos; 2.457 millones de euros en 2014, el 0,23% del PIB. Estas acciones de efectividad discutible, en caso de ponerse en marcha, no deben financiarse con cargo a las cotizaciones sociales.

CC OO plantea una batería de propuestas viables en términos financieros: sobre bases mínimas y máximas de cotización; financiar los gastos de administración de la Seguridad Social con imposición general y no con la caja de las pensiones; equiparar la base media de cotización del régimen de autónomos, un 58% inferior a las del régimen general, etc.

Otra variable es la cantidad y calidad del empleo que se cree. La desregulación laboral y la devaluación salarial son los peores caminos para mejorar cotizaciones.

Hay que dejar de cavar en el foso de los ingresos de la Seguridad Social, hay que eliminar medidas paramétricas destinadas a reducir las pensiones futuras, y hay que abordar las fuentes de financiación para inyectar 40.000 millones en el sistema de forma progresiva hasta el año 2040.

De otra manera la pérdida de expectativa sobre si tendremos o no una pensión pública en el futuro , impulsará planeamientos alternativos de capitalización, cosa que seguramente desea el Gobierno. E impulsará planteamientos territoriales de ruptura del sistema, uno de los principales elementos vertebradores de la legitimidad del Estado, cosa que seguramente no desea el Gobierno, pero que facilita con sus actuaciones, y podría suceder incluso en Euskadi, donde el déficit entre ingresos y gastos es crónico desde 2002.