La Diputación de Bizkaia tutela a 567 menas tras abrir un centro con sesenta plazas

«Todos» los centros «están tensionados», reconoce la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, en una radiografía de la situación remitida a las Juntas Generales a petición del PP, formación muy crítica a nivel nacional con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts para reformar la Ley de Extranjería y distribuir por las comunidades autónomas a 1.000 de los más de 6.000 niños y adolescentes que han llegado a Canarias y Ceuta en los últimos meses. Los populares solicitaban al Ejecutivo foral información sobre el cupo que recibirá Bizkaia de los a priori noventa chavales que correspoden a Euskadi, unos números que la Diputación asegura que «desconoce», por lo que no puede planificar y «decidir» la ubicación de estos jóvenes.

La institución foral lleva años desarrollando de manera discreta su plan de choque ante la crisis migratoria. Lo hace para salvaguardar la privacidad de los usuarios de estos alojamientos y para evitar polémicas vecinales como la que surgió el pasado año con la puesta en marcha de un recurso de acogida en Sopuerta. Pero, pese a no ofrecer nombres o ubicaciones de los centros, sí precisa de forma detallada en esa documentación los servicios de los que dispone para acoger a los chavales.

El balance recoge la existencia de diecisiete espacios: seis unidades semiautónomas o pisos, en los que conviven 35 chicos; diez residencias con 451; y el dispositivo asistencial de emergencia. También, puntualizan desde el Servicio de Infancia, hay cinco menores tutelados en centros de medidas judiciales, dos en centros de conducta -el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) tiene suscrito un acuerdo con un centro ubicado en la localidad zaragozana de Ateca especializado en chicos con «graves problemas de comportamiento»- y una veintena de chicas acogidas en la red básica.

Los 567 adolescentes tutelados no son tantos como los 602 que convivían en recursos forales a finales del pasado año -202 más que las plazas existentes-, cuando se habían duplicado en apenas doce meses los menores sin referentes familiares y el territorio registraba, aseguró entonces la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, «el mayor ratio de llegadas de la península». Sin embargo, el goteo no decae y, según ha manifestado en las últimas semanas en más de una ocasión la diputada general, Elixabete Etxanobe, contabilizan entradas en los servicios forales «cada día». De ahí que, entre otras cosas, reconozcan en la documentación remitida al Parlamento vizcaíno que no pueden «prever las nuevas llegadas de menores, ni en tiempo, ni en frecuencia de llegadas, ni en su número total».

La última fotografía completa de la red residencial que trascendió se remontaba a noviembre de 2023. Los datos ya reflejaban entonces una saturación de los centros de acogida de Bizkaia, que había pasado de acoger a unos 286 usuarios de media los meses previos a 310, muy por encima de las plazas disponibles en albergues y pisos. La información de hace año y medio, como ahora, la remitió la entidad foral a las Juntas Generales. Entonces fue a petición de Elkarrekin Bizkaia, formación que llevaba semanas criticando el cierre del centro de El Vivero. El pasado marzo, con casi el doble de menores acogidos que en ese momento, cuando la red foral incluía trece recursos de alojamiento frente a los diecisiete actuales, la Diputación reabrió el caserío ubicado en el término municipal de Galdakao, con una veintena de plazas pero que ya en los primeros momentos estaba casi al doble de su capacidad.

El centro de Artxanda, que se puso en marcha por primera vez en 2018 para poder asumir un repunte en las entradas, se clausuró ante la perspectiva errónea del Gobierno vizcaíno de que la presión migratoria iba a decrecer. Cuando cerró sus puertas, la situación era «insostenible» y no funcionaba ni la calefacción ni los urinarios.

A nivel de Euskadi, hace un mes la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, hizo público el recuento remitido al Ejecutivo central, que pidió a las comunidades que notificasen el número de menores extranjeros sin referentes familiares que tienen acogidos de cara a realizar el reparto. Las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, de acuerdo a esos datos, albergaban a finales de marzo a 859 adolescentes.

El resto de autonomías también ofrecieron información sobre sus servicios, poniendo de relieve una situación dispar en función del territorio. La sobreocupación no es exclusiva del País Vasco, y en regiones como Madrid están al 132% de su capacidad (2.242 menores tutelados). En Castilla y León (179 chavales) se encuentran al 137%, en Murcia (741) al 120%... En el lado opuesto aparecen La Rioja, donde son quince los acogidos y que dispone de otras tantas plazas libres, y Cantabria, con 22 residentes en recursos del Gobierno regional y 14 camas disponibles.