La renuncia a los fondos europeos cuestiona la viabilidad de la piscifactoría en Lemoiz
La falta de inversores confirma el parón del plan de acuicultura en la central nuclear, anunciado en 2017 por el Gobierno vasco
2017. Fue el año en el que se planteó por primera vez la opción de reconvertir la central nuclear de Lemoiz en una gran piscifactoría ... para la cría de especies de consumo habitual como el lenguado, el rodaballo, la trucha, el salmón, el langostino y la gamba. La intención, verbalizada por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, era que el proyecto echase a andar cuatro años después y que para 2025 estuviese a pleno rendimiento, generando entre 380 y 575 empleos, con una capacidad de producción de hasta 15.000 toneladas e ingresando hasta 40 millones de euros.
En su contexto
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105 millones de euros prevé el Gobierno vasco que cueste el acondicionamiento de los terrenos y la posterior construcción de la piscifactoría. De ese montante, la Unión Europea aportaría 20 a través de los fondos Next Generation y el resto correspondería a inversión privada.
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Un vivero de gambas, rodaballos y truchas La instalación de acuicultura contempla el cultivo de especies marinas como lenguado, rodaballo, trucha, salmón, langostino y gamba.
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2017 fue el año en el que se planteó por primera vez la opción de construir una piscifactoría. Lo hizo la consejera Arantxa Tapia y fijó 2025 como horizonte para su entrada en funcionamiento.
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2019 es cuando el Gobierno vasco logró la transferencia de la titularidad de los terrenos de la infraestructura de Lemoiz de manos del Ejecutivo central.
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El condicionante de la inversión comunitaria Las empresas que accedan a fondos europeos a través de los distintos PERTE puestos en marcha por el Gobierno central deben condicionar sus iniciativas a un calendario muy estricto. Varias compañías han reivindicado una mayor flexibilidad y algunas, como Ford, han renunciado a participar de esta financiación por esa razón.
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55.000 metros cuadrados es la superficie que ocupa la instalación. La central está compuesta por 200.000 metros cúbicos de hormigón y 1.000 toneladas de hierro.
Han pasado seis años desde entonces y el negocio continúa siendo una idea, estancado por la falta de inversores que concreten su eventual interés en la operación. De hecho, el Gobierno vasco ha renunciado a solicitar la financiación que ofrece la UE a través de los fondos Next Generation para sufragar la reconversión de Lemoiz, lo que revela las complicaciones para sacarlo adelante y cuestiona su propia viabilidad.
Tras la pandemia, la puesta en marcha de los fondos Next abrió una ventana de oportunidad para dar un impulso a un proyecto que ha sufrido los vaivenes de la inestabilidad política en España. El Ejecutivo autónomo, en el documento 'Euskadi Next Generation', cifraba en 105 millones el presupuesto para acometer dos actuaciones. Por un lado, el acondicionamiento de las instalaciones; y, por otro, poner en marcha la actividad económica de la acuicultura. La Unión Europea aportaría 20 millones y el resto, las empresas inversoras en cuestión.
Sin embargo, fuentes autorizadas del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras han confirmado a EL CORREO que el proyecto no se ha inscrito en la convocatoria del PERTE Agroalimentario, cuyo plazo acaba hoy, lo que retrasa, una vez más, el inicio de la operación y siembra más dudas.
El proyecto, en cualquier caso, no está muerto del todo. Existen «contactos con inversores potenciales», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Tapia al diputado de EH Bildu Mikel Otero. En la documentación del Gabinete Urkullu, el proyecto -denominado parque acuícola de Basordas- está liderado por Sprilur y cuenta con el respaldo de inversores privados, tanto locales como españoles e internacionales; entre ellos, Sea8, Grupo Martiko, Grupo Balfego, SeaLink Technologies, Haugland Gruppen y la sociedad pública Azti.
Licitación antes de 2025
Si bien son los gobiernos quienes vehiculizan el acceso a los fondos europeos, son las empresas las que deben solicitar la financiación. Uno de los problemas que más han denunciado las compañías es la falta de flexibilidad en las condiciones. El dinero lleva aparejado un calendario de actuaciones que, en el caso de los PERTE, implica que los proyectos estén licitados para agosto de 2025.
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El Ejecutivo autonómico preveía que la UE aportase 20 de los 105 millones de euros del proyecto
La incertidumbre sobre la puesta en marcha del proyecto llegó ayer también al pleno de las Juntas Generales, que en 2016 instaron al Gobierno vasco, Diputación y al Ayuntamiento de Lemoiz a «dar los pasos necesarios para recuperar los terrenos». Ante la constatación de que no hay «avances» en la puesta en marcha de ninguna de las iniciativas planteadas en los últimos años -antes de la acuicultura hubo otras-, el juntero de Podemos Israel Escalante preguntó al diputado general por la situación de la parcela. No obstante, Unai Rementeria negó que la Diputación tenga competencias en este sentido, ya que el asunto está «en manos del Gobierno vasco». Desde esa perspectiva afirmó que la situación «es la misma que hace tres años», cuando el Gabinete autonómico asumió la titularidad del suelo.
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