Rechazan el recurso del Ayuntamiento de Ondarroa por 'mobbing' a un empleado

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, TSJPV, ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Ondarroa (EH Bildu) contra la sentencia en la que se le condenaba a pagar 51.000 euros a un empleado por 'mobbing', así como a adoptar las medidas preventivas necesarias contra el acoso laboral.

La resolución judicial ratifica que queda acreditado que el Ejecutivo costero incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos en relación con el puesto de trabajo del empleado. «El ente local, a pesar de contar con indicios de lo que estaba sucediendo, del conflicto laboral existente y la situación del trabajador, nada hizo al respecto, apreciándose una actitud pasiva que implica un incumplimiento de los deberes de prevención y protección», señala.

Asimismo, dictamina que «no valoró el riesgo psicosocial al que estaba expuesto el trabajador, ni adoptó ninguna otra medida eficaz y se limitó a licitar el servicios de prevención ajeno para el caso de acoso y riesgos psicosociales».

Bidelagun Fundazioa, creada por ELA para la promoción de la Salud Laboral y que ha llevado la dirección jurídica de este caso, valora muy positivamente esta sentencia «porque reconoce la responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención de los riesgos psicosociales».

El conflicto laboral comenzó en 2020 con la incorporación de un nuevo encargado y superior jerárquico. Tras diversas desavenencias, el empleado inició un primer periodo de baja por ansiedad en diciembre de ese mismo año. En septiembre del 2022, el afectado puso los hechos en conocimiento del Ayuntamiento y dos meses más tarde inició un proceso de incapacidad temporal reconocido por accidente de trabajo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En mayo de 2023, la inspección de Trabajo realizó un requerimiento al Ejecutivo local en el que le instaba a planificar medidas preventivas en relación al conflicto, aunque «no es hasta junio del 2024 cuando se reúne con el afectado», según ELA. Previamente, tras un requerimiento sindical, una empresa externa diagnosticó que había un conflicto escalado.

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