La CE avala la actuación del Gobierno vasco en el derrumbe del vertedero de Zaldibar
La consejera Tapia asegura que Verter, la empresa encargada del mismo, no ha abonado «nada» de la indemnización, por lo que se ha iniciado el procedimiento para derivar la deuda a los propietarios
agencias
Martes, 4 de octubre 2022, 16:23
La Comisión Europea (CE) ha concluido que las autoridades competentes no han «violado» la legislación de la UE en relación al derrumbe del vertedero de Zaldibar y «avala la actuación» del Gobierno vasco en el mismo. Así lo ha dicho la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia
La CE ha vuelto a responder a la petición presentada en el Parlamento Europeo en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo, de Ermua, de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia, en la que se solicitaba que se investigara una posible infracción de la legislación que regula la gestión de residuos y vertederos en relación al accidente del 6 de febrero de 2020 en el que murieron dos trabajadores del mismo. Además, se solicitaba que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes «cumplan plenamente» la legislación medioambiental y de salud pública.
Tapia ha destacado que, en esta segunda respuesta, la Comisión concluye, tras examinar la información disponible y teniendo en cuenta las «medidas de emergencia» adoptadas, que no se ha identificado la violación de la legislación de la UE por parte de las autoridades competentes. Además, ha subrayado que la Comisión Europea avala tanto la actuación del Ejecutivo autonómico en lo que a los permisos administrativos y el control previo al suceso, como las posteriores actuaciones para afrontar la emergencia y evitar daños ambientales.
En concreto, ha apuntado que se señala que, según la investigación iniciada en 2020 a raíz de la Directiva de Vertido de Residuos, las autoridades competentes tomaron las «medidas necesarias» para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización a la empresa explotadora del vertedero y la realización de controles, seguimientos e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del vertedero. Además, se indica que, tras el accidente, se han adoptado medidas correctoras «urgentes» para reducir las «repercusiones negativas sobre la salud humana y el medio ambiente».
Tapia también ha añadido que la Comisión menciona las medidas adoptadas por las autoridades a raíz del incidente, como la «vigilancia continua» de la calidad del aire en la zona del vertedero y en los alrededores urbanos de Ermua y Eibar. Además, se precisa que se encargó a una empresa registrada especializada la supervisión en relación con el amianto y la toma de muestras y análisis ambientales en la zona del vertedero.
Asimismo, la consejera ha detallado que la información que ha evaluado la Comisión se basa, tanto en la auditoría externa realizada por la empresa Ricardo Environment, como en la propia información solicitada por la propia Comisión al gobierno autonómico. Tras recordar que el proceso judicial está sujeto al secreto de sumario, ha indicado que se menciona la existencia de un estudio de estabilidad de 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero y que «fue ocultado al Gobierno Vasco».
Por lo tanto, la consejera ha añadido que se trata de una comunicación que concluye «en la dirección» que ya estaban apuntando desde el Gobierno vasco y que avala sus actuaciones tanto «previas como posteriores». La consejera ha afirmado que este nuevo pronunciamiento de la Comisión Europea evidencia que la actuación del equipo de Gobierno de Urkullu fue «correcta» y que «tal vez el error ha podido estar en otra parte». En todo caso, ha considerado que aún quedan cuestiones por determinar en relación a lo ocurrido, por lo que el proceso para cerrar definitivamente este caso «puede ser largo».
Reclamación
Cuestionada por las reclamaciones económicas a la empresa por los gastos derivados del desplome, Tapia ha afirmado que, a día de hoy, no ha abonado «absolutamente nada» en el período de abono voluntario y se ha iniciado el procedimiento correspondiente para «derivar la deuda a los propietarios». La consejera ha precisado que, al estar la empresa en concurso, es la administración concursal la responsable de la gestión del vertedero y de todo el procedimiento.
Por otra parte, ha indicado que, en lo referido a la gestión de los residuos industriales, Lakua está tomando parte «activa» en el impulso de proyectos de valorización y que se están centrando en el plástico industrial en las tierras contaminadas. En relación a estos, ha apuntado que se han licitado diferentes tareas para hacer un diagnóstico de oportunidades y crear una denominada «plataforma de plástico» en Euskadi. «Supone que exista una demanda potencial suficiente para después poder acudir a esas infraestructuras de reciclado» y que se tenga el «aprovisionamiento suficiente» para que esos proyectos industriales tengan «un futuro adecuado», ha concluido la jeltzale.
