Bizkaia alcanzará las 783 plazas para atender a personas con enfermedad mental

Todas ellas son competencia de la Diputación, pero su financiación ha supuesto históricamente notables discrepancias entre administraciones. Y es que la atención de una persona con un trastorno mental debe ser atendida en el área foral de Acción Social, pero su tratamiento médico y seguimiento es responsabilidad de Osakidetza y el departamento de Salud y, si además cae en la exclusión por falta de medios económicos, quien debe actuar es el área de Empleo e Inserción Social. Ese entramado institucional es el que pretende aclarar un nuevo convenio que van a firmar en breve la Diputación y el Ejecutivo autonómico y que cuenta ya con luz verde de sus respectivos Consejos de Gobierno. «Lo que se articula es la financiación de la prestación sanitaria de esos servicios sociales que están dirigidos a personas con enfermedad mental grave y cronificada, que cuenten con un diagnóstico emitido por Osakidetza y con un reconocimiento de la dependencia derivado de esa enfermedad», ha explicado este martes Sergio Murillo, diputado de Acción Social, en una comisión de las Juntas Generales. No es la primera vez que hay un acuerdo interinstitucional de este tipo, los primeros se remontan a 2003.

A grandes rasgos, las dos instituciones pagan a medias. El departamento de Salud destinará este año 4,6 millones y desde 2020 hasta 2022 la cifra ascenderá a 4,9 millones. El área foral asume el resto. «En un centro de día se da una respuesta a una necesidad quizá más social y nuestra parte supera el 50%, mientras que en un tratamiento intensivo es algo más médico y es Salud quien supera ese porcentaje», detalló Murillo. Al final, la Diputación corre con el gasto final del servicio que «en atención diurna se mueve entre los 9 euros de un centro de día a media jornada, sin almuerzo, hasta los 48 euros con él y a jornada completa. En las residencias oscila entre los 32 euros de un piso tutelado con alto nivel de autonomía hasta los 148 euros de una plaza residencial con cuidados constantes». También se ha planteado la creación de una comisión donde estarán ambas instituciones y que velará por el cumplimiento del convenio. La firma protocolaria se realizará cuando se apruebe en los dos Parlamentos, pero Hacienda ya ha adelantado una partida para poner en marcha las 22 nuevas plazas a fin de año.

Todas estas explicaciones llegaron este martes en la comisión a petición de Eneritz de Madariaga. La portavoz de Podemos preguntó si estas plazas «pueden aumentar dependiendo de las necesidades» y recordó que «hay lista de espera». Valoró «positivamente el convenio, aunque llega tarde, porque creemos que va a mejorar la atención de estas personas». El juntero socialista Juan Otermin lo considera «un avance muy importante porque Bizkaia da cobijo y atención a un colectivo que lo necesita». Izaskun Duque, de EH Bildu, propone que se incluya en la comisión de control a las asociaciones que engloban a pacientes y familiares, como Avifes. También aboga por «la gratuidad total del sistema». La jeltzale Jane Eyre Urkieta recuerda los pasos dados por «las áreas de Sergio Murillo y Teresa Laespada en la lucha contra el estigma de estas enfermedades» y celebra «un paso más en la colaboración entre instituciones». El popular Eduardo Andrade no intervino. Sergio Murillo, en su último turno, abrió la puerta a «la creación de nuevas plazas cuando se apruebe el Presupuesto para 2020», un documento que empieza a debatirse este miércoles en Juntas