Bilbao estudia compensar a los afectados por la huelga en los polideportivos

Además, y según adelantó la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, «se está estudiando desde hace semanas la devolución de los cursos». En este caso, el movimiento es más delicado porque «dentro de la política de Bilbao Kirolak» nunca ha entrado este tipo de compensaciones. De hecho, mencionó que no se produjeron cuando tuvo lugar la huelga de marzo. En el Ayuntamiento también están tratando de determinar cuántos cursillistas pueden haberse visto afectados por el conflicto en las últimas semanas.

Con todo, este es un caso especial con respecto a alteraciones puntuales anteriores porque «desde el 20 de mayo ya ha habido paros parciales doce días, y otros cuatro de huelga». Encadenar tantas jornadas sin poder dar los servicios contratados ha llevado al Ayuntamiento a analizar qué posibilidades tiene de reintegrarle a los afectados lo que han pagado por cursos que no han podido recibir.

Erroteta realizó esta revelación ayer durante una comisión municipal solicitada por EH Bildu para analizar el conflicto laboral que mantiene en vilo a los polideportivos vizcaínos en general y a los bilbaínos en particular. La portavoz soberanista, Jone Goirizelaia, pidió al Ayuntamiento más implicación, y acusó al gobierno municipal de adoptar la política del avestruz porque, en vez de tomar parte activa en la solución, únicamente insta a las partes (sindicatos y patronal) a llegar a un acuerdo.

Erroteta recordó que la negociación de un convenio colectivo es competencia de los agentes sociales y cualquier intervención de una administración supone una irregularidad. Eso sí, admitió que «estoy muy preocupada» porque, aunque hay una tregua en el conflicto hasta septiembre, si tras el verano no llega una solución podría haber problemas en los cursos que arrancan en octubre.

Elkarrekin Podemos y PP también pidieron una mayor implicación municipal para solucionar el problema. Los trabajadores de las contratas que prestan el servicio reclaman subidas salariales, planes de formación y reducir la precariedad que supone estar, en su mayoría, contratados a tiempo parcial. Los partidos de izquierdas abogaron por la prestación directa del servicio y lamentaron que la subcontratación de servicios públicos penalice las condiciones laborales de quien los presta.