El gran estudio sobre crímenes machistas en Bizkaia se retrasa por necesitar el permiso de los asesinos

En este contexto, la Agencia Vasca de Protección de Datos ha advertido a este grupo de trabajo de que no puede utilizar la información personal de los condenados por estos crímenes si no cuentan con su expresa autorización. La resolución ha motivado un parón de varios meses en el estudio y supone un problema porque es posible que el proyecto no pueda llevarse a cabo tal y como se había planteado.

Tras el varapalo de la Agencia de Protección de Datos, sus promotores esperan ahora recuperar el impulso. Para ello han comenzado a preparar cuestionarios, documentos con compromisos de confidencialidad y plantearán a los asesinos presos que colaboren con la iniciativa desde la cárcel. De hecho, una de las personas que está involucrada en la iniciativa y cuyo papel pasará a ser muy importante es la directora del penal de Basauri.

Pero ¿qué sucederá si los reclusos se niegan a que se traten sus datos personales? El estudio, pionero en España, seguirá pero «llegaremos hasta donde podamos», reconoce su coordinadora, Reyes Goenaga, presidenta de la Audiencia de Bizkaia. Admite que el dictamen de Protección de Datos ha complicado las cosas, pero «hay que ser muy cuidadoso y hay que respetar la normativa porque es algo muy sensible».

La idea original era recabar toda la información disponible sobre las 15 víctimas, su entorno y también sobre sus asesinos. El plan pasaba (y todavía pasa) por cotejar datos sanitarios, socioeconómicos, judiciales o policiales con otro grupo de mujeres (formado por 45 víctimas) que sufrieron también malos tratos pero que no llegaron a ser asesinadas. Ahí se espera encontrar posibles coincidencias o diferencias que ayuden a perfeccionar protocolos y mejorar la propia coordinación. «No se trata de criticar sino de extraer lecciones para mejorar. Ese es nuestroempeño», apunta Goenaga,

Los datos personales en ningún caso se iban a difundir con nombre y apellidos, sólo se iban a tratar y clasificar «para proceder a su análisis de forma anónima». En este contexto y como medida de precaución, el grupo de trabajo decidió presentar una consulta a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Sin embargo, este organismo ha dictaminado que, pese a las cautelas previstas, no es posible hacerlo de ese modo porque contraviene diversas normas que tratan de preservar la intimidad de los afectados.

Dice la agencia, por ejemplo, que el mero hecho de seleccionar entre muchos expedientes los casos a estudiar de las mujeres que están vivas ya supone un acceso y un tratamiento de datos. Y que esto resulta ilícito si no se cumplen una serie de condiciones. Además, pone serios reparos en que se pueda utilizar, por ejemplo, el contenido de las historias clínicas de los asesinos. El organismo entiende que las instituciones que promueven el informe tienen legitimidad para investigar y extraer conclusiones con el objetivo último de luchar contra la violencia de género, pero apunta que es «imprescindible» el permiso de los verdugos.

El exdirector de la Agencia Vasca de Protección de Datos y ahora consultor en este ámbito, Iñaki Pariente de Prada, añade más contexto a esta situación. Explica que en la atención a víctimas de violencia de género no funciona la interoperabilidad de datos entre administraciones, porque la ley de Igualdad «empodera» a la víctima otorgándole el consentimiento sobre qué se hace y quién tiene acceso a su información personal. «Esto, en ocasiones, genera dificultades en la atención a las propias mujeres y hay ahora un debate abierto sobre si habría que modificar el marco legal para que los poderes públicos sean más efectivos».