7.000 vizcaínos realizaron trabajos comunitarios para evitar la cárcel el año pasado

El Gobierno vasco también apuesta por esta segunda oportunidad para evitar la privación de libertad por un delito cometido, «siempre en su menor gravedad y nunca con condenas superiores a los dos años». Con este objetivo la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha firmado este jueves por la mañana un acuerdo con la Asociación de Municipios Vascos Eudel, cuya rúbrica ha realizado su presidente y alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran. El objetivo es implicar a los 251 ayuntamientos de Euskadi para que oferten plazas municipales en las que los condenados puedan cumplir estos trabajos comunitarios, que siempre son «no retribuidos». «Se busca que con esta labor repare a la sociedad al menos parte del daño que el infractor ha cometido y, además, que se responsabilice de sus actos trabajando en su reinserción y, al mismo tiempo, alejando el riesgo de la reincidencia», ha explicado el propio Varona.

Según remarca el acuerdo-marco alcanzado, tanto el Ejecutivo autónomo como las instituciones locales se comprometen a suscribir «convenios de colaboración individualizados» con el fin de promover y potenciar esta oferta de plazas. El Departamento, en ese sentido, se hará cargo «de todas las coberturas» que hasta el traspaso de la competencia de prisiones a la comunidad realizaba el Instituto de Seguridad Social. También asume la «gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento o la mancomunidad». Por su parte, las entidades locales deben reservar plazas «aportando los conocimientos y la preparación necesaria». Estas labores restaurativas, en ese sentido, no podrán implicar «en ningún caso» una reducción de los trabajadores municipales actuales o futuros.

Artolazabal se ha congratulado por un acuerdo que supone «reforzar una alianza que busca la consecución de una sociedad más justa, amparada en valores de la justicia restaurativa, en la reconducción de conductas y en el beneficio de la comunidad». En su opinión, hay que dar al condenado «esta oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado». «Necesitamos que aumenten las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario», ha manifestado tras mostrarse convencida de que «incrementando el régimen de semilibertad disminuyen los índices de reincidencia».

Urtaran, por su parte, una remarcado que el convenio consigue poner en valor el papel de los ayuntamientos «como aliados necesarios» en la administración de la justicia en el País Vasco. En ese sentido, el regidor vitoriano ha añadido que «nuestro compromiso es facilitar que el mayor número posible de personas puedan cumplir su pena dentro de su municipio y evitar así el desarraigo de su entorno familiar, social y laboral».

Los datos revelan la eficacia de la medida, aunque la pandemia haya «condicionado de una manera notoria, cuando no ha hecho imposible» la gestión de estas ejecutorias penales. Como ejemplo, en 2019 se contabilizaron 6.345 conmutaciones para evitar la cárcel en Bizkaia, mientras que en 2.020 se bajó a 3.868 debido a las restricciones impuestas a la sociedad y a las entidades colaboradoras, la inmensa mayoría sin ánimo de lucro y relacionadas con el Tercer Sector. El año pasado, sin embargo, la cifra prácticamente se ha duplicado hasta alcanzar las 7.045. En Álava el proceso ha sido similar (2.011 casos hace tres años, 1.346 hace dos y 2.545 el pasado), aunque el mayor incremento se ha producido en Gipuzkoa con 2.427 ejecutorias en 2021, un 34% más que en 2019.

Entre los delitos más comunes se encuentran los relacionados con la seguridad vial, un 30%, y la violencia de género (20%). En cuanto al perfil del condenado, la mayoría son hombres de entre 31 y 50 años (89%). El 60% de son vizcaínos y los trabajos municipales en beneficio de la comunidad suelen estar relacionados con cuidado de jardines, mobiliario urbano o los servicios sociales. Muchas de este cumplimiento de penas «abierto» se ejecuta a caballo entre dos años porque, según reconoce Ramón Ibeas, responsable de Cáritas (una de las entidades colaboradoras con los juzgados), «algunas sentencias imponen hasta 300 horas de trabajos comunitarios que a veces tardan meses en completarse». Los horarios que se establecen, en ese sentido, siempre tratan de adaptarse, según añade Heraclio Varona «a la situación laboral del infractor y a sus responsabilidades familiares, por lo que se suelen dividir en varias horas al día o concentrar los fines de semana».