La Diputación asegura que el expediente al bombero objetor «no es de su competencia»

La diputada foral vizcaína del área Institucional, Ibone Bengoetxea (PNV), ha desligado este lunes del ámbito político el expediente disciplinario abierto a un bombero por negarse a dirigir un retén de seguridad durante el embarque de un cargamento de bombas con destino a Arabia Saudí.

Estos hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo en el Puerto de Bilbao cuando Ignacio Robles, que trabaja en el parque foral de Urioste alegó objeción de conciencia para no cumplir esa orden por entender que esas bombas podrían ser utilizadas contra civiles en el conflicto de Yemen, en el que está involucrada Arabia Saudí.

Bengoetxea ha comparecido en la comisión correspondiente de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de los grupos de EH Bildu y Podemos, que han demandado explicaciones sobre dicha apertura de expediente.

Según ha dicho, el bombero es un funcionario público y como tal tiene derechos y obligaciones estatutarias y un régimen disciplinario que se pone en marcha cuando incumple una orden relativa a «la seguridad de las personas y de las instalaciones».

Dicho expediente se tramita por un funcionario de forma ajena al equipo de gobierno y con una funcionalidad «garantista», según la cual se trata de «dirimir si el bombero puso en peligro el operativo de prevención y se escucha también la versión del afectado».

La posición de los partidos

«La Diputación no puede ni cerrar el expediente ni decidir si sanciona o no al bombero porque no es de su competencia y podría llegar a ser hasta prevaricación administrativa. El instructor decidirá en base a la normativa, y nunca en base a lo que nos guste a los partidos políticos, y después, siempre se puede recurrir a la vía legal», ha argumentado.

Por parte de EH Bildu, Joseba Andoni Gezuraga, ha mantenido que no piden un «cierre en falso» del expediente, sino que se tenga en cuenta que no se originaron daños y por tanto se establezca, en su caso, una sanción «mínima».

Neskutz Rodríguez, de Podemos, ha recordado que el bombero comunicó su decisión a sus superiores y la única consecuencia fue un «retraso de quince minutos» en el embarque de los explosivos hasta que fue sustituido por un compañero.

El juntero del PNV, Jon Andoni Atutxa, ha insistido en los argumentos de Bengoetxea y ha afirmado que «los partidos políticos no deben entrar en un expediente de este tipo», mientras que Carlos Totorika, del PSE, partido que gobierna la Diputación junto al PNV, ha recordado que existe un Estatuto del Empleado Público y una Ley de la Función Pública, que establecen las normas y debe cumplirse.

Javier Ruiz, del PP, ha indicado que la objeción de conciencia «puede tener ciertas limitaciones en los casos de las fuerzas de seguridad del Estado o los bomberos», e Ignacio Aldecoa, del Grupo Mixto, ha juzgado necesario abrir el expediente «para aclarar lo sucedido».