Zapatero y los otros 'hombres de Estado' que avalan la ofensiva de Rajoy contra el 9-N

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue su cruzada contra el 9-N. Al admitir a trámite su recurso contra la ley que regulaba la consulta soberanista y el decreto de su convocatoria, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar el proceso. El Consejo de Ministros ha vuelto a repetir el trámite al actuar contra el simulacro de referéndum que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el 9 de noviembre. De esa forma pretende frenar una votación sin efectos jurídicos y que se vería limitada, en la práctica, a una movilización ciudadana para reivindicar la independencia con urnas de cartón, papeletas y un censo elaborado con criterios no homologables con los de una democracia occidental.

El Ejecutivo del PP ha dado esos pasos con el inequívoco aval del Consejo de Estado. Este órgano consultivo, al que está obligado a pedir un dictamen antes de recurrir ante el Constitucional una disposición de una comunidad autónoma, ha aprobado por unanimidad dos informes jurídico en los que sostiene de forma contundente y unánime que el 9-N vulnera la Carta Magna. Es más: considera que la nueva convocatoria -la que sustituye a la paralizada por la Justicia- "tiene idéntico objeto" que la primera y agrava" sus "vicios" de ilegalidad al "omitir elementales garantías" democráticas. Además, hace hincapié en que, con ella, la Generalitat pretende burlar una decisión del Constitucional, que impedía la consulta. Todo ello, en un lenguaje contundente.

El Consejo de Estado hunde sus raíces en la Edad Moderna y emite dictámenes a petición del presidente del Gobierno, los ministros o los máximos representantes de las comunidades.¿Por quién está compuesto? Sus miembros son designados por el Ejecutivo entre una serie de candidatos que deben cumplir varios requisitos: haber desempeñado responsabilidades políticas, tener formación en Derecho y gozar de prestigio profesional. Lo normal es que sean expresidentes, exministros, exconsejeros autonómicos, representantes de las reales academias, profesores con al menos 15 años de ejercicio, oficiales de las Fuerzas Armadas

Entre ellos figura José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha votado a favor de los contundentes informes contra el 9-N y a favor de que todas las medidas legales emprendidas por el Gobierno de Rajoy para abortar la consulta soberanista. El exjefe del Gobierno, ahora opuesto frontalmente al 9-N, apoyó con entusiasmo el Estatuto de Cataluña contra el que se pronunció parcialmente el Constitucional, en una sentencia que ha sido caldo de cultivo para el independentismo. También defendió en su momento que el término "nación", esgrimido en los debates previos a la aprobación del texto, era "un concepto discutido y discutible".

Él fue quien prometió al expresidente de la Generalitat Pasqual Magarall que apoyaría cualquier Estatuto que aprobara el Parlamento catalán. El entonces dirigente del PSC impulsó una reforma autonómica que desbordaba la Constitución por los cuatro costados. Consciente de que ese texto sufriría un varapalo estrepitoso en el Constitucional -con mayoría socialista- ante el anunciado recurso del PP, Zapatero se vio obligado a incumplir su palabra y a promover, con el apoyo de Artur Mas (CiU), un "cepillado" (en palabras de Alfonso Guerra) del Estatuto pactado en Cataluña. Aún así, y después de que fuera votado en referéndum, el Alto Tribunal anuló 14 de sus artículos.

El presidente del Consejo de Estado es José Manuel Romay Beccaria (Betanzos, 1934), un histórico del PP y hombre de la máxima confianza de Rajoy. Ocupa el cargo desde el 3 de mayo de 2012. Fue ministro de Sanidad del Gobierno José María Aznar entre 1996 y 2000, tras haber ocupado la misma cartera en la Xunta de Galicia, presidida entonces por su admirado Manuel Fraga. También ha ejercicio como tesorero del PP en sustitución de Luis Bárcenas, a raíz de que éste cayera en desgracia y comenzaran a salir todas su tropelías.

LOS MIEMBROS PERMANENTES

El Consejo de Estado tiene, además, ocho miembros permanentes:

María Teresa Fernández de la Vega (Valencia 1949). Fue vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2010, y la primera mujer en la historia en asumir las riendas del Ejecutivo. Lo hacía cada vez que Zapatero viajaba fuera de España. Ya había ocupado cargos de responsabilidad en los gabinetes del PSOE liderados por Felipe González.

Landelino Lavilla (Lérida, 1934). Ministro de Justicia con la UCD de Adolfo Suárez entre 1976 y 1979. Democristiano. Su papel más importante lo jugó en el Congreso. Era su presidente durante el fallido golpe de 23-F, el hombre que en las imágenes en blanco y negro de las televisiones de la época aparece junto al teniente coronel Tejero al frente del Hemiciclo. En 1982, un año después de aquel convulso episodio, fue elegido cabeza de cartel de su partido en las elecciones generales en las que arrasó el PSOE de Felipe González, con 202 escaños. UCD sacó solo 12. Meses después abandonó la política activa. Sin embargo, se mantuvo en la retaguardia. En 1986 asumió su papel como consejero permanente del Estado, cargo que ha compatibilizado con su carrera como jurista. Optó sin éxito a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial en 1996.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 1940). Uno de los 'padres' de la Constitución de 1978 y destacada figura de la Transición. Alineado con el sector democristiano de UCD, fue uno de los protagonistas de las encarnizadas batallas internas que dinamitaron el partido. Abandonó su militancia en 1981 para pasarse a la Alianza Popular (luego, PP) de Manuel Fraga. Brillante dialécticamente y como jurista, a la par que ambicioso e intrigante, fracasó en su intento de liderar la derecha española. Su mejor oportunidad para ello la tuvo en 1987, cuando presentó su candidatura para presidir a Fraga al frente de AP. Fue derrotado por Antonio Hernández Mancha, que duraría un suspiro en el cargo.

Herrero de Miñón tiene un gran predicamento en las filas del nacionalismo vasco y catalán por su defensa de una lectura abierta de la Constitución, que permitiría explorar mayores cuotas de autogobierno a las nacionalidades históricas. En el caso de Euskadi, sostiene que el reconocimiento de los derechos históricos abre posibilidades que van allá de la literalidad del Estatuto de Gernika. El PNV, que ha recurrido a informes suyos para sostener la legalidad de propuestas similares al Plan Ibarretxe, le ha reconocido con la concesión del Premio Sabino Arana. Esas posturas le han granjeado la enemistad de amplios sectores del PP, artido del que se dio de baja en 2004.

Alberto Aza (Tetuán 1937). Diplomático. Ha ejercido como representante español en Gabón, Argelia e Italia. Adolfo Suárez le tentó con la política y fue director de su gabinete cuando era presidente. Luego, sería observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) y embajador de España en México. En el país centroamericano solo residió dos años porque se mudaría a Londres. Sin embargo, su cargo más 'mediático' lo obtuvo diez años después, cuando fue nombrado jefe de la Casa de Rey -antes había actuado como secretario general de la misma durante tres meses-. Sustituyó a Fernando Almansa y se mantuvo en el puesto hasta 2011. En 2012 es nombrado consejero del Estado y presidente de la sección quinta de la misma.

Miguel Rodríguez-Piñero (Sevilla, 1935). Es uno de los máximos expertos en Derecho Laboral en Europa. Fue presidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 1995. Tras su marcha fue propuesto como miembro electo del Consejo y después pasaría a ser uno de sus integrantes permanentes, además de presidente de sus Sección Segunda (Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales). Pese a ello, no ha dejado de lado su trabajo como profesor y, sobre todo, como jurista, donde goza de una importante fama por su concienzuda labor.

Es el primer español que puede poner en su currículum que forma parte de la comisión de expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Aunque lo cierto es que si incluye todas las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera no tendría espacio para más información acerca de su persona. No se adscribe, como es de esperar de un magistrado, a ningún partido político, aunque sí se declara católico. Pertenece a ese selecto y reducido grupo de sevillanos ilustres vivos que tiene una calle con su nombre en la ciudad.

José Luis Manzanares Samaniego (1940). Expresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1990 y 1996. Fue propuesto por el PP. Ha ejercido como juez del Tribunal Supremo. De talante directo, en ocasiones políticamente incorrecto y poco dotado para la diplomacia. Mantuvo abiertos enfrentamientos con algunos de los últimos gobiernos socialistas.

Fernando Ledesma (Toledo, 1939). Magistrado del Tribunal Supremo. Preside actualmente la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ministro de Justicia en el primer Gobierno de Felipe González, en el que tuvo como estrecha colaboradora a María teresa Fernández de la Vega. Presidió el Consejo de Estado entre 1991 y 1996.

Enrique Alonso García (Madrid, 1954). Reputado experto en derecho administrativo y medioambiental. Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y luego se sacó un máster en Leyes por la Universidad de Virginia. Ocupó la cátedra de Derecho del Medio Ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos desde su creación hasta 2006. También ha sido director del Real Colegio Complutense. Al Consejo de Estado lleva vinculado desde 1976 como letrado mayor, un puesto que dejó cuando fue nombrado consejero.

LOS CONSEJEROS NATOS

Pero además de estos ocho miembros permanentes, el Consejo de Estado tiene veinte más. Once de ellos se consideran "consejeros natos". Se trata, según establece la ley, de quienes hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno y hayan manifestado al presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él. Es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, que accedió a este puesto vitalicio el 9 de febrero de 2012. Lo hizo en un acto solemne y apadrinado por Fernández de la Vega, su fiel escudera, y por Fernando Ledesma.

Además, también son consejeros natos "el director de la Real Academia Española (José Manuel Blecua, en este caso) y los presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas (Marcelino Oreja) y de Jurisprudencia y Legislación (Luis Díez-Picazo y Ponce de León), el del Consejo Económico y Social (Marco Peña Pinto), el fiscal General del Estado (Eduardo Torres-Dulce), el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Fernando García Sánchez), el presidente del Consejo General de la Abogacía (Carlos Carnicer), el presidente de la Comisión General de Codificación (o el de su Sección Primera, si aquel fuera Ministro), el director del Centro de Estudios Constitucionales (Benigno Pendás) y el Gobernador del Banco de España (Luis María Linde)".

LOS CONSEJEROS ELECTOS

Por último, están los "consejeros electos", que no pueden ser más de diez y que son designados libremente por el Gobierno entre personas que hayan desempeñado puestos de responsabilidad (diputados, senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, embajadores, alcalde relevante, etc.). En la actualidad son nueve. Cinco han sido propuestos por el PP. Se trata de María Luisa Cava, exdefensora del Pueblo; Isabel Tocino, exministra del Medio Ambiente; José María Michavila, exministro de Justicia, Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores; y Amelia Valcárcel, exconsejera de los gobiernos socialistas en Asturias.

Otros dos pertenecen al PSOE. Son Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, y el bilbaíno Juan José Laborda, expresidente del Senado. Asimismo, hay dos miembros más: el jurista José Manuel Silva, vinculado a UDC; y el exministro José Antonio Ortega Díaz Ambrona, relacionado con UCD.