El Defensor del pueblo en Euskadi pide el acercamiento de los presos de ETA

El Defensor del Pueblo vasco ha difundido este martes una declaración en la que recuerda que el pasado 13 de septiembre se produjo "un nuevo accidente de tráfico" cuando familiares de un preso regresaban a Euskadi tras visitar a un recluso que cumple su condena a "más de 500 kilómetros de distancia" de su domicilio.

Lamarca se refiere al accidente ocurrido en Tudela (Navarra) en el que murió una mujer embarazada, cuyo coche colisionó contra otro en el que viajaban Jone Artola, elegida comparsera de las fiestas de Bilbao en 2013, y dos familiares más, cuando volvían de visitar al preso de ETA Ugaitz Pérez, encarcelado en la prisión de Albocásser (Castellón).

Artola, cuyo nombramiento fue posteriormente anulado por un juzgado, se encuentra ingresada en un hospital con tres costillas rotas, una fisura en el esternón y el húmero roto, mientras que sus dos acompañantes sufrieron golpes y cortes.

Acabar con la dispersión

Ante este nuevo accidente, el Ararteko reitera su petición de acabar con la política penitenciaria de dispersión porque es "difícilmente compatible con los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas recogidos en la Constitución".

Recuerda además que tanto las reglas penitenciarias europeas como el nuevo Reglamento Penitenciario establecen que hay que evitar el desarraigo social de los penados y se deben favorecer sus relaciones sociales con comunicaciones, permisos de salida, acceso al régimen abierto e incluso a la libertad condicional.

Por ello, defiende que "el cumplimiento de las penas en centros próximos al lugar de residencia debería convertirse en la regla general", como establece Naciones Unidas, "salvo que concurran probadas y relevantes razones individuales que lo justifiquen", ya que el alejamiento supone "una sanción para los familiares del penado".

Lamarca añade que el fin de la actividad terrorista de ETA hace casi tres años "representa una realidad social radicalmente nueva" y que las normas deben ser interpretadas "en relación al contexto", algo que deberían tener en cuenta "desde el legislador, hasta la judicatura, la Fiscalía y la Administración penitenciaria".