Rafael Blasco, el corrupto que viajó de la violencia del FRAP al PP

Lleva un cuarto de siglo subido al coche oficial, con algún breve paréntesis. Primero con el PSOE, del que fue peso pesado en la Comunidad Valenciana. Luego, con el PP, con el que mantuvo poder y prebendas. Hasta que ha sido cazado por la Justicia. Rafael Blasco, consejero de Solidaridad en la Generalitat valenciana bajo la presidencia de Francisco Camps, intenta a toda costa evitar la ejecución de la sentencia que le ha condenado a ocho años de cárcel y otros 20 de inhabilitación como máximo responsable de una trama corrupta que se apropió de dinero público destinado a proyectos de desarrollo en América Latina, Asia y África. En concreto, de 1,8 millones que debían financiar proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua y fueron invertidos, en realidad, en la compra y "completo alojamiento" de pisos y garajes en Valencia. El sumario tiene otras dos piezas separadas. La Policía calcula que la red captó en total 8 millones de euros. Esas cifra incluye el supuesto fraude en la construcción de un hospital en Haití después del terremoto de 2010.

El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana concedió ayer a Blasco un plazo de 48 horas para reunir una fianza de 200.000 euros. En caso contrario deberá ingresar en prisión de forma inmediata. Los jueces explican que, al ser el "principal promotor" de las corruptelas, podría tener "contactos y relaciones" para una "eventual elusión" de la Justicia hasta que el Supremo se pronuncie sobre su recurso.

El exconsejero, que ha pasado de persona de la máxima influencia en el PP valenciano a poco menos que un apestado, ha sido condenado por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial. Además de exigirle la fianza para eludir la prisión hasta que la sentencia sea firme, los magistrados le prohíben salir del territorio nacional, le solicitan la entrega de su pasaporte y le obligan a comparecer cada semana ante el tribunal.

Blasco (Alzira, 1945), un interventor municipal con una enorme habilidad para manejar los hilos más ocultos de la política, lleva enganchado a la Administración desde los años 80. Llegó al PSOE tras una antigua militancia en el Frente Revolucionario Antifranquista y Patriótico (FRAP), el brazo armado del PCE (marxista leninista) creado en 1973 y que desapareció en los albores de la Transición. Fue consejero con el socialista Joan Lerma y uno de los hombres fuerte de la Generalitat, hasta que fue destituido en 1989 por otro escándalo de corrupción: un caso de soborno en una recalificación de terrenos, que fue posteriormente archivado al quedar anuladas unas escuchas. Su esposa, Consuelo Ciscar, había ejercido como secretaria personal del presidente Lerma y hasta hace unos meses ha dirigido el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), en una gestión plagada de polémicas. Su cuñado Cipriá Ciscar ejerció como consejero de Educación antes de ser secretario de Organización del PSOE con Felipe González entre 1994 y 2000.

Tras romper amarras con los socialistas, Blasco recuperó su plaza de interventor municipal, pero supo tocar las teclas adecuadas para, apenas unos años después, regresar a la política por la puerta grande y con unas siglas distintas: las del PP. Eduardo Zaplana le fichó en 1995 como estratega para blindar la recién conseguida mayoría absoluta de los populares en una comunidad hasta entonces más inclinada hacia el PSOE. Posteriormente fue consejero de Empleo, Bienestar Social, Territorio, Sanidad...

Socialista en los tiempos más dulces del PSOE y zaplanista con el PP de Zaplana, el todopoderoso Blasco no tuvo inconveniente alguno en congeniar con Francisco Camps, que cogió las riendas de la Generalitat valenciana al ser nombrado ministro de Trabajo su antecesor, con el que libró una batalla a muerte por hacerse con el control del partido y de todos los resortes de poder en la comunidad. La trama corrupta que dirigió, siendo consejero de Solidaridad y Cooperación con Camps, es la que amenaza ahora con llevarle a la cárcel por desviar el dinero destinado a ONG a la compra de viviendas y garajes en Valencia, e intentar camuflar la operación con facturas falsas.