La exministra Magdalena Álvarez se resiste a dejar la bicoca del BEI pese a estar imputada

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez se resiste a abandonar la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) pese a haber sido imputada por el escándalo de los EREs falsos de Andalucía. La exconsejera de Hacienda en la Junta de esa comunidad ha desoído las presiones del Gobierno español, las más discretas de su propio partido -el PSOE- y las del propio BEI para que abandone sus funciones, después de que la Audiencia de Sevilla rechazara la pasada semana su recurso contra el auto de la juez Mercedes Alaya. La instructora del sumario, respaldada ahora por sus superiores, apunta que la exministra de Zapatero pudo incurrir en un delito de malversación de caudales públicos y tiene "fundadas sospechas" sobre su eventual participación en el diseño de un sistema ilegal para favorecer un fraude masivo a las arcas públicas.

El BEI ha activado el proceso para determinar si destituye a su vicepresidenta. El Comité de Ética de la institución analiza su situación judicial y el contenido del auto de la Audiencia, antes de decidir si su imputación es compatible con su permanencia en el cargo. Magdalena Álvarez se había escudado en su recurso, tumbado la pasada semana por la Justicia, para aferrarse a un puesto en el que cobra un sueldo de 22.963 euros mensuales, más otros 991 en gastos de representación y dietas por residencia equivalentes al 15% del salario. Esa cifra triplica con holgura los ingresos del presidente del Gobierno.

El Gobierno español ha invitado a dimitir a Magdalena Álvarez. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha apelado a su "responsabilidad" tras destacar que el BEI es una institución "muy importante para España", que ha proporcionado "muchísima financiación, cerca de 80.000 millones de euros".

El PSOE ha evitado un apoyo expreso a la exministra de Fomento, tras confirmarse su imputación, y vería con buenos ojos su renuncia, ante el temor de que este asunto pueda erosionarle de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo.

Pese a las presiones y al varapalo judicial, Magdalena Álvarez, cuyo mandato finaliza en 2016, ha optado de momento por aferrarse al cargo y echar balones fuera sobre el presunto fraude cometido con fondos destinados a la lucha contra el desempleo. Cuando se produjeron esas irregularidades, de las que se han beneficiado altos cargos y personas vinculadas al PSOE andaluz y UGT, la imputada era consejera de Economía y Hacienda, puesto que desempeñó entre 1994 y 2004. Posteriormente fue nombrada ministra de Fomento en el primer Gobierno de Zapatero.