Vitoria superará las 4.000 viviendas de alquiler protegido para 2027

A pesar de que el plan recibió ayer el visto bueno definitivo con la firma del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, tenía algunos de los bloques con la ejecución ya avanzada. Se trata de aquellos proyectos cuyo suelo ya era propiedad de Visesa, la sociedad pública del Gobierno vasco para la construcción de vivienda pública. Un primer paquete de 152 se entregará la próxima primavera. El segundo, de 166, también está en ejecución.

Esto implica que, en la actualidad, hay 318 viviendas de alquiler protegido cerca de salir al 'mercado'. Y a ellos se sumarán, de forma escalonada, nuevos edificios hasta que el último de ellos salga a contratación en 2027 (es probable que su construcción finalice más tarde). Ahora, el siguiente hito será la adjudicación de una promoción de 200 viviendas, que comenzará a levantarse este año. El Ejecutivo autonómico prevé invertir cerca de 200 millones de euros en la creación de las viviendas incluidas en el acuerdo.

El Consistorio cede los terrenos municipales para la edificación de casi la mitad de las viviendas previstas (417 en concreto) y bonificará el impuesto de construcciones (ICIO) en un 95%. Este último aspecto, de hecho, fue uno de los puntos calientes de la negociación del convenio entre las instituciones, y en gran medida permitió el desbloqueo del plan durante el último año. En este sentido, Arriola asegura que esta bonificación supone un «salto cualitativo del Ayuntamiento» para el desarrollo de vivienda pública. «El proceso ha sido largo pero hemos avanzado en paralelo para poner el mayor número de viviendas disponibles en el menor tiempo», concluyó.

Al margen de las ventajas fiscales, la negociación del acuerdo sufrió un frenazo a cuenta de la posible rehabilitación de pisos municipales por parte del Gobierno vasco para su salida al alquiler protegido. En este sentido, el convenio contempla hasta 62 pisos de titularidad local. Los 15 primeros se someterán a un «estudio» de viabilidad económica en los próximos seis meses para definir la actuación. En cualquier caso, el consejero de Vivienda enfatizó que las «reglas del juego» marcarían un traspaso en la titularidad. Es decir, que «el Gobierno vasco puede realizar un esfuerzo en la inversión, pero tiene que ser titular del patrimonio».

La alcaldesa espera que este impulso de casi mil pisos empiece a responder a la alta demanda de alquiler protegido. Según los últimos datos, son cerca de 10.800 solicitantes sólo en Vitoria. «Los ciudadanos nos piden alquileres en precios asequibles», señaló Etxebarria, quien recordó que «el 90% de los demandantes de vivienda la quiere en alquiler».