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El Gobierno municipal no prorrogará el contrato con la subcontrata encargada de los jardines de Vitoria (Enviser) si mantiene «las actuales condiciones» laborales. Así se ... lo trasladó este martes la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV), a los sindicatos que llevan en huelga desde el 26 de marzo en un conflicto que se percibe claramente en los ocho grandes parques de la ciudad y el Anillo Verde, donde la maleza incluso supera el medio metro de altura. «En las actuales condiciones, y si depende de este departamento y de mi persona, el contrato no se prorrogará», recalcó la edil tras hora y media de reunión.
Es cierto que han existido contactos en las últimas semanas entre la parte social y la subcontrata, sin que haya evidencias de que pueda concretarse algún tipo de pacto en fechas próximas. En este contexto llega el nuevo paso dado por el Consistorio con el claro objetivo de acelerar una posible solución para un contrato que expira en 2026.
La jeltzale ya ha solicitado un nuevo encuentro con los responsables de Enviser porque «entendemos que es momento de que haya movimientos, de que se desbloquee la situación y de que ambas partes se acerquen con voluntad real de acuerdo». «El Ayuntamiento está actuando como facilitador del diálogo, con un único objetivo, que este conflicto se resuelva cuanto antes y que la ciudad recupere un servicio esencial para el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía», afirmó. Hace varias semanas que a Enviser se le han dejado de pagar los servicios que no están prestándose como consecuencia de los paros convocados por ELA, LAB y ESK. «Me comprometo a seguir reuniéndome cuantas veces sean necesarias, y a mantener un contacto fluido, directo y constante con ambas partes porque entendemos que esa es nuestra responsabilidad como institución», aclaró.
Sus ochenta trabajadores piden mejor sueldo y menos jornada. Porque, como vienen denunciando sus representantes en las últimas semanas, muchas de sus nóminas apenas superan el salario mínimo interprofesional (SMI), que ahora ronda los 1.184 euros mensuales. También quieren un convenio propio, pues hasta la fecha son «meros espectadores de lo que se negocia a cientos de kilómetros, sin posibilidad de tener voz propia».
La plantilla le sigue pidiendo «una intermediación real» al Ayuntamiento, que -por su parte- insiste en que sólo puede ser un «facilitador». El encuentro de este martes también sirvió para encauzar la relación entre los sindicatos y la 'número dos' del Gobierno local, que al comienzo de este conflicto denunció que se habían colgado pancartas en su contra delante de su domicilio familiar. «Una línea que nunca se debería haber cruzado», recriminó en una comisión. «Hemos logrado generar un espacio abierto de encuentro y escucha que, estoy convencida, va a facilitar la comunicación en lo que queda de este proceso», afirmó Beatriz Artolazabal después de juntarse con el comité de empresa en un ambiente con muchísima menos tensión.
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