En Vitoria hay casi 5.800 viviendas vacías, de acuerdo con este 'censo' de cara al IBIhecho por el Ayuntamiento Frank Lovicario

Vitoria penaliza a 5.766 dueños de pisos vacíos con 760.000 euros de recargo del IBI

El Ayuntamiento ha perdonado la 'multa' a otros 2.000 propietarios

Miércoles, 14 de mayo 2025, 00:16

El Ayuntamiento de Vitoria trata de animar a los dueños de los pisos vacíos a que los pongan en el mercado del alquiler y contribuyan así a aliviar la tensión inmobiliaria que azota a la capital alavesa. Una de las últimas medidas acordada entre el equipo de gobierno PSE-PNV y EH Bildu durante la negociación de las ordenanzas fiscales ha sido la de 'penalizar' con un recargo del 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los propietarios de pisos en desuso. Y ya se han girado 5.766 de estos recibos, cuyos destinatarios se enfrentan a tener que pagar 133 euros más de media sobre la factura habitual por tener una casa deshabitada. Si no hay más alegaciones, esto supondrá un ingreso extra para el Ayuntamiento que rondará los 760.000 euros.

133 de media es lo que tendrán que pagar de más los titulares de los pisos vacíos a los que se les va a aplicar el recargo del 50% en recibo del IBI.
15 millones de euros más recaudará el Ayuntamiento de Vitoria este año por el incremento del 4% en tasas, impuestos y precios públicos. De ellos, diez son por el incremento histórico de las basuras.

Según explican portavoces del Departamento de Hacienda que dirige el socialista Jon Armentia, el número final de afectados por este recargo puede ser incluso menor, ya que durante el periodo voluntario de pago y hasta el 30 de julio aún podrán reclamar contra el recibo emitido. Ya lo hicieron los 2.034 titulares de viviendas que recibieron el aviso de incremento del IBI pero que quedaban fuera de los supuestos contemplados en la ordenanza fiscal y que, por tanto, pagarán el impuesto ordinario.

El pasado marzo, el Ayuntamiento envió notificaciones a los titulares de 7.800 casas en las que no figuraba ninguna persona empadronada. Pero en el 26% de los casos, había una justificación que fue admitida. Según el artículo 16 bis de esta ordenanza fiscal, quedan fuera del recargo los bienes inmuebles de uso residencial que sean propiedad de instituciones o estén cedidos a las mismas por terceros, por ejemplo, para políticas públicas de vivienda.

Otros ayuntamientos

También, entre otras, las casas adscritas a actividades de hospedaje, profesionales o comerciales o bienes cuyo titular haya fallecido a lo largo del último año. Hay que añadir los edificios declarados en ruina, los bienes transmitidos a final de año o los pisos que forman parte de una herencia. Tampoco se tendrá en cuenta si el dueño está empadronado en una residencia o si el edificio está en obras.

Vitoria no es ni de lejos el primer ayuntamiento alavés que apuesta por esta medida fiscal para intentar poner más pisos vacíos en el mercado. En el territorio histórico lo hacen también Llodio, Salvatierra-Agurain, Iruña de Oca, Alegría-Dulantzi, Zuia. Iruraiz-Gauna, Urkabustaiz y Artziniega, muchos de ellos gobernados por EH Bildu.

El efecto, según un reportaje publicado a finales del año pasado en este medio de comunicación, ha sido de momento muy limitado. Sólo el alcalde de Alegría-Dulantzi, localidad que lo aplica desde 2019, aseguró que hay menos vivienda vacía en su pueblo. Habrá que ver en qué se traduce en el caso de Vitoria, donde queda pendiente aplicar también el canon de vivienda vacía, una medida mucho más radical que el Gobierno vasco aprobó en 2021 con el respaldo de Elkarrekin Podemos. El decreto que la regula habilita a las entidades locales a imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado al año a los pisos que llevan dos años sin ocupar. Es decir, podría dar lugar a recibos de 600 a 800 euros, pero los Ayuntamientos se han puesto de lado. Ahora mismo la prioridad de los municipios con mayores problemas de vivienda es conseguir ser declarados zona tensionada para poder limitar los precios de los alquileres.

Este recargo del IBI forma parte de las ordenanzas fiscales más controvertidas de los últimos años, ya que, por imperativo europeo, debían recoger una subida histórica de la tasa a fin de cubrir los gastos de la gestión y tratamiento de los residuos domésticos.

Tras cinco años sin acuerdos fiscales y, por tanto, con las tasas e impuestos congelados, el Gabinete Etxebarria (PSE-PNV) logró el respaldo de la coalición abertzale, lo que supuso, además del incremento de las basuras, una subida generalizada del 4% de impuestos, tasas y precios públicos. Con esto la recaudación municipal este año se elevará en 15 millones de euros, diez de ellos procedentes de la tasa de residuos.