El Tribunal de Cuentas afea al Ayuntamiento de Vitoria que alargara la obra del BEI el doble de lo previsto
El plazo inicial de 16 meses se amplió en otros 18 y la obra se inició antes de tener el proyecto aprobado, según reprocha el órgano fiscalizador vasco
Los abultados plazos de las obras, la fecha de inicio y las numerosas modificaciones de los contratos para la puesta en marcha del Bus Eléctrico ... Inteligente (BEI) centran el toque de atención que ha dado el Tribunal Vasco de Cuentas al Ayuntamiento de Vitoria. El órgano afea estas cuestiones en su informe de fiscalización de la Cuenta General del Consistorio de la capital alavesa.
La duración de los trabajos para la implantación del nuevo transporte, que se alargó más del doble, motiva uno de los tirones de orejas. Según recoge el documento, la administración local aprobó modificaciones en los plazos de ejecución del contrato que supusieron que el tiempo inicialmente previsto de «16 meses» se ampliara «en 2020 en 11 meses, y en 2021 en 7 meses». Esto implica 18 meses (año y medio) más en total.
Esos cambios, de acuerdo a lo que señala el dictamen, fueron motivados «principalmente, por la aparición de servicios afectados no previstos, la integración con otras infraestructuras en ejecución y el retraso en la contratación de la unidad funcional de carga». Los pliegos del contrato «no vincularon su duración al plazo de las obras del contrato principal, ni previeron su ampliación como consecuencia de retrasos o modificaciones de dicho contrato principal». De hecho, el contrato de la dirección facultativa concluyó en marzo de 2021 y el plazo de las obras fue ampliado hasta marzo de 2022, tal y como detalla el documento. En la demora también influyó «el retraso en el inicio de la construcción de las cocheras (UFC), necesarias para el funcionamiento del sistema».
El Tribunal Vasco también reprocha al Gabinete Urtaran que el arranque de la obra se produjo «con anterioridad a la aprobación del proyecto de ejecución y del acta de comprobación de replanteo». A este respecto se señala que el proyecto «contaba con una importante presión mediática tanto desde el interior del propio Ayuntamiento como desde el ámbito exterior» y por ello, «para no demorar el inicio de la ejecución y una vez que el adjudicatario presentó el proyecto, se accedió a autorizar el inicio de aquellas partes que podían ser aprobadas sin comprometer ni condicionar la globalidad del sistema, requiriendo al adjudicatario las correcciones que debía de realizar para que pudiera tener una aprobación completa».
«Retraso de las cocheras»
El dictamen del Tribunal de Cuentas recoge que el contrato del BEI está formado por seis pliegos -referidos a urbanización y paradas, ticketing, carga eléctrica, señalización, comunicaciones y autobuses- en los cuales «se estableció un plazo de un mes» para que el adjudicatario redactara y entregara un proyecto de detalle de dichos ámbitos. Este plazo «resulta del todo insuficiente para poder presentar la documentación solicitada con la definición necesaria para poder ser ejecutada», censura el informe.
El documento pone también varios 'peros' a los variados cambios que se realizaron en los contratos del BEI. Por un lado, señala que no se formalizaron las modificaciones aprobadas por importe de 2,7 millones de euros de tres contratos adjudicados por 50,2 millones de euros, y en uno de ellos no se exigió el depósito de la garantía complementaria. En otro acuerdo adjudicado por 6,2 millones de euros, el modificado por 190.402 euros fue aprobado con posterioridad al inicio de la prestación correspondiente. Mientras que en dos contratos adjudicados por 3,9 millones de euros no se publicaron en el perfil del contratante los aspectos modificados.
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