Los trabajadores de la farmaceútica Altan Bernedo llevan sus demandas al Parlamento

La fábrica productora de medicamentos como ibuprofeno y paracetamol surgió en 1991 gracias a una inversión de la Diputación de Álava con el objetivo de dinamizar la actividad económica en Montaña Alavesa, pero denuncian que, una vez echa la inversión, no ha habido seguimiento por parte las instituciones. Aseguran que de la actividad de esta planta depende no solo el futuro de la empresa y sus empleados, sino también el de la comarca, una de las más afectadas por la despoblación en Euskadi. Antes conocida como Biomendi, fue comprada por Altan Pharmaceuticals y adquirida a su vez el año pasado por el grupo francés Ethypharm.

Con un seguimiento, dicen, del 77%, los trabajadores describen una situación contrarreloj en la que la empresa no tiene disposición para negociar y en la que, exponen, ellos ya han rebajado sus reclamaciones. «Empezamos con un documento de 20 puntos y se han quedado en 16 con mínimas rebajas en cada uno de ellos», han explicado. No obstante, su principal reclamación es que los salarios se adecúen a las últimas subidas del IPC ya que, denuncian, «en la última década hemos perdido un 11% de poder adquisitivo» y la electricidad y los carburantes «fundamental para la vida de los habitantes del medio rural» se ha disparado.

La actividad de Altan se hizo fundamental en los primeros compases de la pandemia al estimarse su servicio como esencial. Entre sus clientes más importantes se encuentra Osakidetza. Los trabajadores manifiestan haber pedido una reunión con ellos hasta el día de hoy sin éxito. «Niegan que haya ninguna relación contractual entre la empresa y ellos», aseguró una de las tres portavoces de la plantilla. En su lugar, manifiestan que sí han recibido el apoyo de la cuadrilla de Montaña Alavesa y el ayuntamiento de Bernedo, así como han mantenido reuniones con la diputada de Fomento del Empleo, Cristina González, y la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo.

La razón, aseguran, esta en que los directivos «no quieren perder capacidad de decisión» o, como ellos interpretan, «quieren poder aplicar e inaplicar el acuerdo a su antojo». Del mismo modo apremian a que las instituciones hagan que la dirección de su brazo a torcer y ruegan a la Inspección de Trabajo que de prioridad a los expedientes que tiene abiertos con Altan. «Todavía estamos esperándolos y necesitamos que la inspectora de fe de nuestras quejas para poder llevar nuestro caso a los Juzgados».

Incluso van más allá al acusar a la dirección de ir contra lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y cometer una presunta «ilegalidad» al sustituir a personas en huelga por trabajadores contratados a través de una Empresa de Trabajo Temporal. «Esto ha sucedido tanto antes como después de la huelga. Cuando empezaron a hacerlo dijeron que era por un pico de producción, pero a día de hoy esas personas continúan trabajando», han aclarado. Además de supuestas amenazas. «Nos han llegado a decir que dejarían de fabricar algunos de los productos menos rentables para reducir plantilla».

La portavoz socialista, Gloria Sánchez, le ha recogido el guante, ha mostrado su «empatía» con los trabajadores como vecina de otro área en riesgo de despoblación (Rioja Alavesa) y ha manifestado su compromiso de hacer cuanto esté en manos del Departamento de Trabajo - bajo la dirección de la vicelehendakari socialista Idoia Mendia-. Una situación que el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha aprovechado para lanzar un dardo al Gobierno vasco y sus departamento de Salud, Trabajo y Desarrollo Económico. «Con esta comisión es evidente que tienen deberes pendientes», ha señalado. Y, en el mismo sentido, ha criticado la «codicia» de los empresarios. «Esto trata de que haya niños en las calles de Mendialdea o que los directivos tengan una piscina más grande».

Por su parte, el representante de Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, ha estimado «justa» y «entendible» las peticiones de los trabajadores. «Es grave que inversiones destinadas a generar empleo de calidad lo acaben destruyendo o lo mantengan con condiciones que no requerimos cuando destinamos dinero publico». Del mismo modo, animó a los partidos a «mojarse» por una empresa altamente «feminizada» y que es «proveedora de nuestra sanidad pública». La parlamentaria del PNV, Laura Pérez, también se mostró abierta a recibir toda documentación que pueda servir al Departamento de Trabajo a ayudar a poner término a esta situación.

Si en algo han coincidido los cuatro grupos parlamentarios asistentes es que no está en duda la viabilidad económica de Altan y animan a los trabajadores a que recaven las cuentas actualizadas de 2021 para probar que sus reclamaciones son viables. «Tenemos las cuentas auditadas de 2020, pero la empresa se niega a facilitar resultados del año pasado. Entendemos que no deben ser malos porque si lo fueran los enseñarían y estaríamos abiertos a hacer todo lo posible por mantener el mayor número de puestos de trabajo», han concluido los trabajadores.