La Policía Local y la Ertzaintza realizaron 150 intervenciones por okupación en Álava en 2024

Especialmente llamativo es un caso atendido por la Guardia urbana: hasta en siete ocasiones actuó para frenar otras tantas tentativas de intrusión en un piso localizado en la calle Ferrocarril del Norte entre los días 1 y 8 de enero. Un registro al que, según los datos a los que ha tenido acceso EL CORREO, hay que sumar dos intentos más en esas mismas fechas justo en el piso vecino del anterior.

Estas dos viviendas se encuentran ubicadas en el barrio de Salburua, precisamente el que acumula un mayor número de intervenciones por parte de los agentes locales con 14 expedientes, de acuerdo con los informes municipales. Le siguen Casco Viejo (13, de las que 5 fueron en Cuchillería); Coronación (8, la mitad en Aldabe); Zaramaga (7); Sansomendi (6, todas ellas en Antonio Machado); San Cristóbal (4); Zabalgana y Arana (3); Ariznabarra, Desamparadas, Arriaga-Lakua y Adurza (2). Y cierran el listado Txagorritxu, Judizmendi, Mendizorroza y Ensanche, con una actuación en cada uno de ellos. En cinco pisos diferentes de Portal de Arriaga se produjeron otras tantas intervenciones pero repartidas en los cuatro barrios por los que transcurre esta calle.

Los operativos de la Policía Local se realizaron en 53 viviendas, donde hubo 26 okupaciones y 44 tentativas. El pasado miércoles, su máximo responsable político, César Fernández de Landa (PNV), ponía este cuerpo «a total disposición en todo cuanto sea posible para atajar, acabar, subsanar y corregir inmediatamente» cualquier situación derivada de las okupaciones, siempre y cuando los agentes cuenten con la «cobertura legal».

Por su parte, la Ertzaintza identificó o detuvo el año pasado a 115 presuntos okupas en Álava. Siete de cada diez casos fueron en Vitoria. Estas actuaciones se enmarcan en un incremento claro de las denuncias ciudadanas por este delito que, a lo largo de 2024, alcanzó los 79 expedientes redactados por este cuerpo policial. En términos porcentuales, un 58% más que el curso anterior.

Esta clase de ilícitos suele tardar años en resolverse y arrastran a una larga lucha judicial a los propietarios legales. «Les cuesta dinero, tiempo y muchas preocupaciones», lamentan abogados especializados.

Tal es la avalancha, que el Gobierno vasco tiene reservado un fondo para las víctimas que reclamen daños y perjuicios a las instituciones por no dotar de algún recurso habitacional a personas vulnerables que dejan de pagar los alquileres a fin de que abandonen la casa que habitan de manera ilegal.

Al menos, las okupaciones de primeras viviendas –conocido legalmente como allanamiento de morada– tienden a solventare en «uno o dos días» después de la denuncia del dueño. En Álava se abrieron 49 atestados por esta causa durante 2024.