La Justicia argentina ratifica la anulación del procesamiento de Martín Villa por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, el máximo tribunal penal del país, ha confirmado la anulación del proceso contra Rodolfo Martín Villa al considerar «inadmisible» el recurso de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que acusaba al exministro de delitos de lesa humanidad por la muerte de cuatro personas a finales de los setenta. Entre ellas, los tres obreros asesinados en el barrio vitoriano de Zaramaga en los trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976. No se trata, eso sí, de «una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las acciones», apuntan los magistrados sobre una resolución acordada por dos votos a favor y uno en contra. La vía judicial sigue, por tanto, abierta.

El tribunal argentino da, por ahora, la razón a la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Corrección Federal que hace unos meses revocó el procesamiento de Martín Villa avalado en 2021 por la jueza María Servini. Sin embargo, no considera pertinente archivar la causa por el momento. Los jueces que han votado a favor de la suspensión del proceso consideran insuficientes los argumentos del recurso presentado por CEAQUA, mientras que el magistrado que se ha mostrado en contra considera que «no ha sido examinado integral y fundadamente» por la cámara que lo anuló y considera que debería estudiarlo otra vez.

La anulación del procesamiento del exministro se debió a que la cámara de apelación consideró que no existían «pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles» de los delitos de lesa humanidad que se le atribuían. Martín Villa fue procesado en Argentina por Servini por presuntos homicidios y torturas que habrían tenido lugar en la década de los 70, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, de la Gobernación y del Interior. El excargo, que acusó a la magistrada de falta de imparcialidad, recurrió esta decisión y fue anulada a los dos meses. En una vista celebrada la semana pasada, su defensa insistió, además, en que no hay «ninguna prueba» de su participación en los presuntos delitos, entre ellos la muerte de tres trabajadores en Zaramaga.

Desde CEAQUA, en cambio, acusan a Martín Villa de permitir el asesinato, por fuerzas del orden público, de estas personas en marzo de 1976 en Vitoria así como de una más durante los sanfermines de 1978, «en un contexto de crímenes contra la humanidad». «Él era parte de esa estructura organizativa del poder», resumió el abogado de este colectivo.

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