Los jueces y fiscales de Álava se plantan ante las «injerencias» del Gobierno de Pedro Sánchez

Estos colectivos alertan sobre el reciente proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Pero tambien han puesto el acento sobre el anteproyecto que busca «aumentar las competencias del fiscal general del Estado».

Durante diez minutos, y en señal de protesta, destacados miembros de ambos colectivos en Vitoria han completado un paro simbólico, de diez minutos, en las escalinatas del Palacio de Justicia de Vitoria. Allí han estado el presidente de la Audiencia Provincial de Álava, José Luis Núñez; su antecesora, Mercedes Guerrero; Elena Cabero, autora de la sentencia del 'caso De Miguel', la mayor trama corrupta de Euskadi; el teniente fiscal, Josu Izaguirre; los dos magistrados de los juzgados de lo Penal, Roberto Ramos y Beatriz Román; o el fiscal Fidel Cadena.

Las cuatro asociaciones convocantes han elaborado un manifiesto en el que justifican esta acción reivindicativa. El texto explica que la reforma de ingreso para los jueces «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

«Entre otras medidas, como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país», abunda el comunicado oficial.

Respecto a los nuevos poderes para el fiscal general del Estado, estas plataformas creen que «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantía de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción». Cabe recordar en este punto que el actual titular de esta cartera, Álvaro García Ortiz, se enfrentará a un juicio penal por su presunta filtración de la petición de un trato con Hacienda del actual novio de Isabel Díaz Ayuso.

«La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo de tener una Fiscalía imparcial y autónoma», subraya la nota que condensa el malestar de buena parte de este sector crucial.

De seguir adelante con ambos proyectos, estas plataformas avisan: «No descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga».