La Hacienda de Álava podrá hacer trámites por videoconferencia con sus contribuyentes

El virus provocó que el uso de las videoconferencias se multiplicase por diez, según algunos estudios. Un modo de comunicación que hasta la fecha se relacionaba directamente con el ocio, pero que se convirtió en herramienta imprescindible para el teletrabajo y las gestiones. Visto el éxito de su implantación, uno de los dos decretos normativos de urgencia fiscal aprobados este miércoles por las Juntas Generales de Álava contempla la posibilidad de que se realicen trámites con la Hacienda foral a través de sistemas que «permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido».

Esto no supondrá su uso generalizado, ya que -como se especifica en el texto normativo- «se producirá cuando lo determine la Diputación y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo».

Una medida propiciada por la pandemia, pero sobre la que ya se venía trabajando en el Gobierno foral. «Con la finalidad de aprovechar las nuevas tecnologías en la relación con la ciudadanía, y más en los momentos actuales, se introduce la posibilidad de utilizar sistemas digitales como la videoconferencia en las actuaciones de la Diputación y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación», ha explicado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Gonzalo. Nadie se ha opuesto a esta medida y sólo EH Bildu se ha abstenido porque, como ha argumentado el juntero Iñaki Ullibarri, «es un decreto inocuo ante el que no cabe la posibilidad de oponerse».

Mayor debate ha generado un segundo decreto normativo de urgencia fiscal que busca apoyar la solvencia de empresas estratégicas. La inexactitud de ese concepto incluso ha sido criticada por el jefe de Servicio de Intervención y Control de la Diputación que ha asegurado que su repercusión presupuestaria no se puede calcular al «no disponer de detalle suficiente del colectivo afectado».

Al igual que EH Bildu, el PP ha criticado que no echen manos de la autonomía fiscal para tomar la iniciativa en la toma de medidas. «Se limitan a transponer las decisiones que toma el Gobierno central en forma de real decreto, un amplio margen que se niegan a tomar», afirmó el conservador Aitor Uribesalgo.