El Gobierno vasco consuma el frenazo al polígono de Foronda y retrasa otro año su inversión

Pasa así de las palabras a los hechos. Porque hace apenas unas semanas Lakua confirmaba a EL CORREO que hasta que Vitoria no defina su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no iba a comprar ni un solo metro cuadrado en la zona. Una condición de gran calado si se tiene en cuenta que el PGOU está en vía muerta porque PNV y PSE no tienen los votos suficientes para sacarlo adelante y Elkarrekin Podemos sigue condicionando su apoyo a la renuncia expresa de Gorka Urtaran a crear una carretera en el sur. Así que en el mejor de los escenarios el plan no se aprobaría inicialmente hasta bien entrado 2023 y, con elecciones en mayo, el expediente podría seguir dando tumbos hasta 2024.

La cuestión es que aquel aviso derivó en desavenencias entre el departamento de Desarrollo Económico, que dirige Arantxa Tapia, y el Ejecutivo local. El primero no cedía. Anunciaba que sin plan de expansión urbanística no daría un paso adelante. Y el segundo le afeaba la estrategia: venía a decirle que si quisiera, podría comprar. ¿El argumento? El 80% de la superficie prevista para el 'macropolígono', que sobre plano se extendería hasta los 900.000 metros cuadrados, está 'liberada'. «Sólo un 17% como mucho requeriría sectorización y, en consecuencia, la mayoría política», subrayaban.

Silencio oficial

Cruce de reproches bajo un mismo color político que se atajó con una reunión a puerta cerrada de urgencia celebrada el 10 de octubre a la que se sumó el Ejecutivo foral (Aena es el cuarto socio de este proyecto con ya una década). Desde entonces, silencio institucional. Pero el mismo resultado práctico: el Ejecutivo vasco, a través de su sociedad de promoción y gestión de áreas empresariales y polígonos industriales (Sprilur), tira del freno de mano. Y lo hace pese a que su director general, Txaber Ouro, aseguraba a este periódico en enero que en este año se daría «un paso importante» con una adquisición de parcelas que continuaría «paulatinamente».

Los primeros 150.000 metros se adquirieron en 2019 -entonces se apuntaba a una opción de compra de 463.655 metros más-. En los informes presupuestarios de 2021, 2022 y el del proyecto de 2023 se concreta, sin embargo, que Sprilur es propietaria de 466.416 metros totales. En todos ellos, además se sigue vinculando el desarrollo del VIAP (Vitoria Industrial Air Park) a trabajos en el polígono de Subillabide de tal forma que «el material de residuos extraídos» allí permita consolidar con «un importante volumen de relleno» el futuro parque aéreo, que se asentaría en zona inundable. Una acción colateral decisiva que tampoco avanza. Es más, 800.000 euros se consignan a este capítulo en las cuentas del nuevo ejercicio.

Así que todo en 'standby'. Con un matiz. El plan de adquisiciones de Sprilur se diseñó con un horizonte a dos años (2022-2024). Así que como los plazos vuelven a comprimirse no se descarta otra revisión del calendario que dé mayor margen a la sociedad pública -subsanada, eso sí, la derivada del Plan General-.

A todo esto se suma el fallo judicial de julio que declaró «nulo» el proyecto para construir un dique de 3,5 kilómetros paralelo al Zaia como única opción para contener posibles inundaciones. Sprilur niega que «en principio» el auto judicial pueda ser un problema. Su argumento es que el proyecto denunciado por las juntas administrativas de Mendoza, Ullíbarri-Viña y Gereña data de 2017 y fue modificado. La Confederación Hidrográfica del Ebro dio su autorización en 2020. Pero desde entonces, tampoco se ha dado otro paso previo a la construcción de ese dique: la mejora de la carretera A-3302, a cargo de la Diputación. Así que ese «en principio» es un detalle que no puede obviarse.