El Gobierno garantiza que la nueva Ley de Memoria Democrática dará cobertura a las víctimas del 3 de marzo

Desde Moncloa prometen que el resarcimiento moral, político, histórico y económico «tendrán encaje y cobertura» en la nueva ley. Cuatro puntos que el diputado del PNV, Mikel Legarda, colocó encima de la mesa y que desde el departamento que dirige Félix Bolaños han respondido positivamente. No obstante, la tramitación del documento se mantiene congelada, a la espera de que se convoque la ponencia para la discusión de las enmiendas registradas a finales del año pasado.

Una vez se le dé luz verde, el Gobierno hace hincapié en que la ley permitirá «dignificar aún más nuestra democracia, honrando a quienes lo sacrificaron todo en su defensa» y reparar «tantos años de olvido». Asimismo, según adelanta Europa Press, también permitirá que las nuevas generaciones «conozcan en plenitud qué ocurrió», porque sólo así «podrá evitarse que tan terribles hechos se repitan».

Este anuncio se produce pocas semanas después de que el Congreso se inclinase por no investigar la matanza del 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga, en Vitoria. El primer paso dado hace una semana por la mesa de las Cortes, cuando se admitió a trámite la propuesta de EH Bildu para esclarecer estos hechos, se vio frenado ayer por la Junta de Portavoces. El PSOE votó junto a PP, Vox y Ciudadanos en contra de constituir una comisión especial que buscaba conocer las «implicaciones y responsabilidades» de la Policía Armada.

Pero además, el departamento que dirige Félix Bolaños resalta que ya en la Ley de Memoria Histórica de 2007 se incluyó «expresamente un reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977».

En este contexto recuerda que se fijaron indemnizaciones a los beneficiarios de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos durante dicho periodo, o a quienes hubieran sufrido lesiones incapacitantes por los mismos hechos en el período citado. En el caso concreto de las víctimas de Vitoria, reseña el Ejecutivo, fueron trece los familiares de las cinco personas fallecidas quienes, entre marzo de 2009 y marzo de 2010, vieron reconocido su derecho a las indemnizaciones que establece la norma aún vigente y recibieron un montante total de 675.000 euros.