La Fiscalía recibió una docena de denuncias por abusos sexuales en centros de menores vascos

A lo largo de 2023 se contabilizaron 56 agresiones sexuales cometidas por chavales que no habían cumplido aún los 18 años, un 93% más que las registradas en el ejercicio anterior. A estas habría que sumar otros 24 casos de abusos. Pero además de los delitos, también suben las denuncias por ataques sexuales en los que está implicado algún menor. En concreto se han incrementado un 40% en apenas doce meses. Los datos los desgranó ayer en el Parlamento vasco la máxima responsable de la Fiscalía en Euskadi. Durante su comparecencia, Adán incidió en las infracciones penales que recoge la recién actualizada memoria de actividad «como ejercicio de transparencia para poder evaluar la criminalidad» en la comunidad autónoma.

Sobre los menores, la responsable reveló los casos de violencia sexual que se producen en los centros de menores tutelados por las diputaciones vascas. Y es que de las 42 denuncias tramitadas en todo el País Vasco, una docena «tienen como partes implicadas a jóvenes tutelados» –en principio, ninguno de Álava–.De hecho, «en más de una ocasión» los abusos ocurrieron en el propio centro. La responsable quiso dejar claro que no se trata de «criticar» la labor de las diputaciones, que «siempre han denunciado con rapidez y han llevado a la víctima a los programas adecuados de protección», pero sí sugirió «cambiar los modelos» de los centros tutelados para evitar que se produzcan nuevas agresiones.

En su intervención, la responsable apuntó que las fiscalías provinciales «mantienen cierto rechazo» a que en este tipo de espacios convivan chicos y chicas. «Teniendo en cuenta que la sociedad está muy sexualizada, que los jóvenes tutelados tienen problemas de afectividad, y la explosión hormonal que se produce a determinadas edades, sería interesante cambiar los modelos», recoge el texto oficial.

Según datos oficiales, la Diputación de Álava gestiona 18 centros y hogares destinados a bebés, niños y adolescentes que están bajo su tutela. De los mismos, cuatro se reservan para acoger a menores extranjeros no acompañados; ocho para atender a niños que han tenido que salir de casa de sus progenitores por distintas razones (por ejemplo por familias desestructuras, conflictos o agresiones); dos para acoger chavales problemáticos y cuatro para prepararles para el salto a la vida adulta.

¿Y en cuántos de estos centros conviven niños y niñas juntos? La institución foral cifra en 14 los hogares, centros o recursos que tiene mixtos. Son, básicamente, la mayoría de los centros que no están dirigidos a la atención de menores migrantes solos. Este tipo de recursos no son mixtos puesto que las niñas que llegan a Álava son tan pocas que se les deriva a otro tipo de servicios.

Adán reconoció que es «una reflexión» que hacen los fiscales de menores de los tres territorios históricos tras los «casos observados», pero que todavía así, la «determinación es administrativa». Por consiguiente, acatar la recomendación es decisión única y exclusiva de las diputaciones. En caso de aceptarla, los entes forales se verían obligados a una fuerte inversión para separar por sexos a los menores que tienen en sus centros.

Además de especificar los problemas de las residencias de menores, Adán también detalló que la situación es «parecida» en los colegios. Y reconoció que «casi la mitad de los casos recogidos en 2023 se archivaron porque los autores eran menores de 14».

El papel que juegan las redes sociales en las conductas de los chavales también ocupa un papel trascendental en la memoria fiscal. Su titular incidió en la necesidad de «limitar y controlar» los contenidos que los menores pueden ver en internet para evitar conductas delictivas. Adán apuntó, en este sentido, que las redes sociales han generado un nuevo «autor delictivo» que opera en una «realidad alternativa». Y reconoció que hay menores que «desde el anonimato» y protegidos detrás de una pantalla tienen actitudes «de extrema crueldad» contra otros. «Estamos ante leyes que tratan de dar una respuesta preventiva pero que no acaban de dar una respuesta», lanzó.

La propia memoria, que dedica un capítulo exclusivo a la relación de los menores con las redes sociales, destaca la urgencia de «limitar la edad mínima de entrada» a esa tecnología. El Ministerio Público advierte de que los jóvenes «acortan la edad de acceso online a pornografía de todo tipo», lo que podría aumentar en un futuro los «roles negativos estereotipados o la asunción de conductas degradantes». Al mismo tiempo, la Fiscalía denuncia que estos medios online sean una de las vías que los menores utilizan para acosar a otros. Además, advierten de que, en el entorno escolar, existen chats grupales, creados en Instagram, que sirven para humillar a alguno de los alumnos.

Las denuncias en el ámbito de las redes sociales son extensas. El Ministerio Público apunta a la existencia de muchos casos en los que las víctimas envían fotografías y vídeos sin ropa a quien se las solicita y luego son extorsionadas bajo la amenaza de publicarlas.

En este sentido, la fiscal superior del País Vasco afirma que cada vez es más común observar a «una población juvenil que se comporta en las redes como si fuese adulta». «Una población desinhibida en sus manifestaciones orales, que se maneja bien en la compra y venta de productos en plataformas digitales y que no es consciente de los riesgos de entablar relaciones con desconocidos», asegura Carmen Adán.