La Fiscalía afirma que los implicados en el 'caso De Miguel' «estaban amparados por todo el 'establishment'»

Para el jefe del Ministerio Público en el territorio alavés, Josu Izaguirre, la actuación de los cabecillas de esta presunta trama «estaban amparados por todo el 'establishment' (el poder establecido)», ya que cuando las personas a quienes se les reclamaban esas 'mordidas' denunciaban esta situación ante los responsables institucionales (como pasó en el Parque Tecnológico de Miñano), en vez de trasladar estas situaciones irregulares a la Justicia -como les correspondía como funcionarios públicos- se procedió a pedir una «mayor discreción» a los miembros de esta trama.

Porque Izaguirre ha subrayado que esta petición de comisiones económicas por una serie de sustanciosos contratos -obras que rondaron los 600.000 euros- no se hacían «en callejones oscuros», sino que se reclamaban a través de la dirección oficial de correo electrónico que tenía De Miguel (a quien todos llamaban 'Txitxo') como diputado foral de Administración Local.

«Estas personas tenían el poder, la inconsciencia, la desvergüenza de reclamar estas comisiones, no en un callejón oscuro o a través de intermediarios, sino remitiendo correos electrónicos desde una cuenta de correo electrónico oficial de la Diputación de Álava sin ningún tipo de vergüenza o decoro y sin utilizar ningún tipo de clave para pedir cantidades concretas para que se les pague comisiones», ha descrito el fiscal jefe.

El Ministerio Público sostiene que la supuesta trama encabezada por 'Txitxo' junto a Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, dos antiguos miembros del Araba buru batzar (ABB), no eran personas aisladas y no respondían a «calentones», sino que se encontraban «amparadas por todo el 'establishment'», entre los que ha destacado la actuación de Julián Sánchez Alegría, que reclamaba por escrito discreción al 'número dos' del PNV alavés -dirigido por Iñaki Generabarrena- y el Gobierno foral de Xabier Agirre.

Izaguirre, así como su compañero Manuel Pedreira, han defendido la actuación de la Fiscalía, el juez instructor Roberto Ramos y la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza durante los ocho años que han transcurrido desde la detención de los tres burukides, sus respectivas mujeres, Alfonso Arriola (exgerente de Miñano) y el constructor Jon Iñaki Echaburu, socio de la denunciante Ainhoa Alberdi en Urbanorma Consulting y dueño de la sociedad Construcciones Loizate.

De esa raíz, después se fueron descubriendo distintas derivadas como el 'caso Miñano', la venta de terrenos de Frúniz (en Bizkaia) o contratos con el Departamento de Cultura y Juventud. En todo caso, el Ministerio Público ha negado que hayan existido registros indiscriminados o manipulación de pruebas, tal y como alegaron los abogados la pasada semana.

«El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio. Algunos hablan de que no ha habido lucro. No sé si lo ha destinado a refugio de personas desamparadas», ha ironizado Josu Izaguirre sobre un inmueble reformado por el constructor Prudencio Hierro, adjudicatario de alguno de los contratos que ahora están bajo la sombra de la sospecha.