Etxebarria busca «consolidar la estabilidad» y cerrar un pacto fiscal para «aumentar los servicios»

Pero ese tono un tanto benévolo que adquiere la primera jornada del debate general de política municipal, un tanto lógico al tener a la oposición esperando su turno a la salida (literalmente), también derivó en varios retos e incluso un aviso: la necesidad de fortalecer la economía del Ayuntamiento y, en paralelo, de la propia ciudad. El primer paso que fijó la alcaldesa es la consecución de un pacto fiscal, la negociación que se le ha resistido en este primer año de mandato, y que debe «nutrir de ingresos» el próximo presupuesto. Etxebarria tendió la mano «desde ya, sin líneas rojas y sin socios preferentes».

El acuerdo de las ordenanzas fiscales no sólo es el hito político que se le escapó en 2023, sino que cobra una mayor relevancia de cara al próximo año. Al margen de la previsible subida de los impuestos y tasas (lo intentó de cara a este 2024 pero la posibilidad de un acuerdo saltó por los aires el mismo día del debate), asoma el significativo incremento en la recogida de basuras. Desde 2025, el Ayuntamiento deberá costear el servicio, el más caro a nivel municipal, a través de la tasa, que en la actualidad apenas cubre el 60%. La subida ronda el 80%, pero el equipo de gobierno (PSE-PNV) debe afinar las bonificaciones que establecerá a la ciudadanía para que ese repunte no sea tan sangrante para las familias con menos recursos o los que menos residuos generen. Será, sin duda, la prueba de mayor altura de los próximos meses.

La regidora puso así énfasis en la necesidad de «apretar el acelerador para generar nuevos ingresos» a través de los tributos municipales para costear el «aumento de los servicios y el consiguiente incremento de la plantilla» municipal. Por ejemplo, la incorporación de 50 agentes de la Policía Local para alcanzar el medio millar, los medios materiales para la Guardia urbana (un centenar de cámaras en los próximos años) y las tres OPEs que suman un total de 249 plazas.

Eso sí, también lanzó un dardo al «absentismo» que sufre el propio Consistorio. Es más, el nuevo convenio general de los funcionarios de Vitoria incluye una especie de bonificación para los empleados que menos falten a su puesto de trabajo. La alcaldesa señaló de forma gráfica la necesidad de «velar por el buen estado de la hucha» del Ayuntamiento, que depende «demasiado» de la financiación procedente de la Diputación y se ve lastrado por el «elevado gasto corriente», que además «tiende a subir» cada año.

Pero ese fortalecimiento económico no sólo debe llegar a través de los impuestos de la ciudadanía, sino de un contexto económico favorable en todo el territorio para «abrir un horizonte de progreso y modernidad». Desde el emprendimiento (anunció la segunda convocatoria del cheque para autónomos) y otras herramientas para combatir el desempleo, que definió como su «absoluta prioridad», hasta el desarrollo de infraestructuras de primer nivel.

En este sentido, puso el foco en la evolución de Foronda y su objetivo de convertirse en «aeropuerto de referencia para vuelos transoceánicos», las inversiones confirmadas de Mercedes y Basquevolt y, sobre todo, en el posicionamiento de Júndiz en el ámbito logístico con la alta velocidad. Este hito debe ser la «palanca para que Vitoria fortalezca su economía apoyada en su ubicación estratégica».

«La terminal intermodal va a convertirse en un punto de convergencia estratégico que debemos aprovechar. Su actual remodelación (la primera fase finalizará en 2025) le convertirá en el primer nodo logístico listo para la conexión de ancho estándar en el corredor atlántico con Europa, y le prepara para la recepción y expedición de trenes de hasta 740 metros de longitud», destacó Etxebarria, quien abogó por que el transporte por carretera «se suba al ferrocarril» para crear la autopista ferroviaria. Esta transformación «favorecerá la llegada de nuevos proyectos a Júndiz».

Aunque puso en valor el aumento del tamaño de las naves industriales que permite el nuevo Plan General, no hizo referencia a la posible activación de nuevos terrenos industriales a través de una modificación del documento urbanístico. Se trata de una medida que ya esperan la patronal SEA, la Cámara de Comercio y la propia Diputación, que de forma reciente alertó de que once empresas preguntaron por Miñano y se asentaron en otro lugar.

Todo ello en el marco de un discurso más medido y sobrio de lo habitual, aunque estuvo salpicado de algunas reivindicaciones como el «aumento del 16% en el presupuesto de Igualdad, la memoria de las víctimas del terrorismo (con la sustitución de las placas donde fueron asesinadas) y las medidas de detección de la violencia machista en colaboración con el comercio y la hostelería».