Penas de hasta 15 años de cárcel para los acusados de abusar sexualmente de 7 menores

La Audiencia comunicó ayer las penas para los cinco hombres cuyo castigo todavía se desconocía, después de que cuatro encausados alcanzaran un acuerdo con la Fiscalía en la primera jornada del juicio, celebrado el pasado septiembre. El fallo, con Jesús Poncela de ponente, recoge condenas de entre 7 y 15 años para los acusados, en su mayoría por abusos sexuales y corrupción de «menores de 16 años». A pesar de que en el proceso judicial participó un décimo encausado, resultó absuelto al demostrarse que la víctima ya era mayor de edad en el momento del «encuentro sexual».

En el resto de casos, la sentencia subraya que los acusados «sabían», eran «conscientes» o «asumieron» la minoría de edad de las víctimas. Esto se debe a que se «apreciaba» a simple vista porque la «apariencia física se correspondía» con la edad que tenían las víctimas (en algunos casos 15 o 16 años), o incluso a que los propios menores lo ponían en su conocimiento.

Así sucedió, según la sentencia de 138 páginas a la que ha tenido acceso este periódico, en el caso de la pena más elevada, que asciende a 15 años por la comisión de cinco delitos, algunos de ellos continuados, por parte de un hombre de 66 años. Mantuvo sexo oral con un adolescente fugado del centro Sansoheta, menor de 16, le pedía que consiguiera cocaína para que ambos la fumaran y le mostraba pornografía durante las relaciones sexuales.

La Audiencia le atribuye cinco delitos, entre ellos la «corrupción» de menores, la «agresión sexual» que ejerció de manera «continuada» y un delito contra la salud pública por el consumo de drogas. Al margen de la pena de cárcel, deberá pagar una indemnización de 2.500 euros, abonar una multa por la exhibición de pornografía y sumará una «inhabilitación especial» de 27 años, que le impedirá trabajar o desarrollar actividades que implique «contacto regular y directo» con menores. Establece, además, una medida de «libertad vigilada» durante cinco años tras salir de prisión, le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima y le restringe sus comunicaciones con ella durante dos años, además de someterse a un programa de educación sexual.

Buena parte de estos delitos impuestos coincide en distintos grados en la mayoría de los casos, que guardan numerosas similitudes entre sí. Por ejemplo, el primer contacto se producía a través de una página web para adultos, a excepción de dos casos, en los que se realizó por una conocida red social y una antigua discoteca. Las relaciones, que abarcaban desde la masturbación hasta el sexo oral, anal o vaginal, se llevaban a cabo en el domicilio del acusado, en descampados, en aparcamientos de centros comerciales o en vehículos, y a cambio de dinero en metálico (la mayoría por debajo de los 100 euros, y algunos hasta por 20 euros) o drogas. En este sentido, algunos menores aceptaban marihuana o, de forma más explícita, «varios petas».

La segunda condena más elevada, sin embargo, corresponde a uno de los cuatro acusados que firmaron un acuerdo con la Fiscalía para reducir su pena tras mostrar su «arrepentimiento». Se trata de una condena de 13 años de prisión a un hombre de 39 años, que, según el fallo, «era consciente de la evidente minoría de edad» de la víctima, que entonces tenía 13 años. A esta misma fórmula se acogió también el expsicólogo del Ayuntamiento de Vitoria, experto en menores desprotegidos, que aceptó cinco años y medio de prisión. Según la sentencia, el antiguo empleado municipal «pudo apreciar» que las víctimas eran menores de edad «en el contacto». «Su apariencia física se correspondía con la edad de 15 y 16 años», señala.

La sentencia busca cerrar el capítulo de uno de los primeros escándalos de esta índole que estallaron en España. Sin embargo, existe un suceso paralelo que implica a dos menores tuteladas, también en Vitoria, por el que piden 30 años de prisión a dos adultos. No obstante, algunas de las partes implicadas en el 'caso Sansoheta' avanzaron ayer, escasos minutos después de conocerse la sentencia, que presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Hay que recordar, en este sentido, que se trata de nueve encausados condenados, aunque cuatro de ellos ya pactaron su pena.