Deuda a la plantilla

El Ayuntamiento de Vitoria paga «700.000 euros» que adeudaba a policías locales y funcionarios

Sin embargo, quedaba pendiente la restitución de esos impagos sostenidos en el tiempo. Nacieron de un fallo de estimación de sus variables –nocturnidad, festivos, refuerzos...– en la época de Patxi Lazcoz como alcalde. Y se perpetuó durante los siguientes tres equipos de gobierno municipal. En principio, el Sipla exigió la reparación de esas nóminas menguadas, sin saberlo, de unos 350 agentes de la Policía Local. Con el paso de los meses amplió la petición a otros trabajadores municipales acostumbrados a trabajar domingos y festivos.

Es decir, el personal de limpieza de edificios, limpieza viaria, mantenimiento, residencias de mayores, centros cívicos, servicios sociales y cocinas, principalmente. Eso sí, cada afectado debe pedir su compensación. «Quienes aún no la han cumplimentado están a tiempo de hacerlo», remarcan desde el Sipla. También podrían beneficiarse funcionarios ya jubilados o aquellos que hayan cambiado de administración o de destino.

Aunque el descuadre date de 2008, este reintegro se limita a los últimos cuatro años por una cuestión administrativa. Sólo es posible recuperar un 25% del total perdido.

No obstante, en la central mayoritaria en Aguirrelanda lo perciben como un triunfo mayúsculo. «Para nosotros es un logro ante la dejación del comité (de trabajadores municipales) y los sindicatos de base. Una muestra de que la acción sindical en el Ayuntamiento de Vitoria es precaria y sumisa a los intereses de la administración».

En resumen, el Consistorio ha abonado a los trabajadores de la escala básica como «grupo D» cuando son «grupo C», un nivel superior. La primera vez que el Sipla se dirigió al Gobierno local fue en «octubre de 2023». El 1 de enero del siguiente año, el Departamento municipal de Función Pública corrigió el error, aunque sin efecto retroactivo.

Ahora, dieciocho meses después, ha devuelto lo adeudado a lo largo de los cuatro años anteriores, desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023. De media, cada solicitante ha percibido alrededor de 2.000 euros.

Cuando el pasado 18 de octubre este periódico publicó esta irregularidad, Función Pública habló de «un error técnico» en 2008 como el origen del problema'. «Afectó exclusivamente al pago de las variables, no al resto de conceptos retributivos», apostillaron entonces desde la Casa Consistorial tras prometer incluir en una futura compensación los correspondientes intereses. Ayer jueves, sin embargo, no respondieron a los mensajes de este medio de comunicación.