Policía Local

El Ayuntamiento de Vitoria debe «500.000 euros» a unos 350 agentes locales

En resumen, el Ayuntamiento de Vitoria ha pagado a la escala básica de la Guardia urbana como 'grupo D' cuando son 'grupo C', un nivel superior. Desde el Sipla aprecian cierta mala fe en el departamento de Función Pública porque «nos reconocen los hechos, pero se niegan a abonar todas las cantidades adeudadas y se amparan en que por ley sólo pueden devolver los impagos de los últimos cuatro años».

Según las estimaciones completadas por esta central, de «los dos millones de euros» que podrían haberse quedado en las arcas municipales los últimos dieciséis años, estos 350 policías afectados sólo percibirán «alrededor de 500.000 euros euros». Un 25% del total perdido.

El Departamento municipal de Función Pública, por su parte, apunta a «un error técnico» en 2008 como el origen del sorprendente desaguisado. «Afectó exclusivamente al pago de las variables, no al resto de conceptos retributivos», apostillan desde la Casa Consistorial. «En el momento en que Función Pública conoció el error, en esta legislatura, se corrigió de oficio desde el 1 de enero de 2024». Dicho de otro modo, estos funcionarios ahora sí ganan lo que les corresponde.

El problema viene con los retrasos de los dieciséis cursos anteriores. Abandonada la idea de cobrar lo trabajado desde 2008, el Sipla exige una reparación inmediata del máximo permitido por ley. Es decir, los cuatro años anteriores a 2024. Este sindicato lamenta que «desde que les avisamos en octubre del año pasado nos han mareado y han intentado que las reclamaciones fueran individuales, cuando la lista de afectados la tienen ellos». También podrían beneficiarse funcionarios ya jubilados o que han cambiado de cuerpo policial.

En este sentido, un portavoz autorizado de Función Pública asegura que el titular del departamento, el socialista Jon Armentia, «dictó una resolución en septiembre –hace un mes– en la que ordenaba el abono de las diferencias retributivas de las variables con efecto retroactivo de cuatro años, hasta diciembre de 2023».

El compromiso de reparación económica, prometen desde el equipo de gobierno local, es que «el abono se realizará en los próximos meses junto con los intereses correspondientes». Respecto a los afectados, hablan de que «son en torno a 350, entre agentes y agentes primeros (cabos)». ¿Y el dinero que se desembolsará? «La previsión del coste económico está pendiente de cuantificación».

Esta demora en cobrar lo que les corresponde ha generado enorme enfado en buena parte de las bases de la Policía Local, que desde el 2 de este mes se niega a reforzar como medida de  presión para que haya un aumento de la plantilla y mejoras tecnológicas y laborales. Un veterano de Aguirrelanda condensa su sentir: «en vez de actuar de oficio, han retrasado los pagos más de un año».