La Audiencia de Álava ordena investigar por «prevaricación» al concejal de Vitoria Iñaki Gurtubai

Aparte de denunciar esos hechos, Apasos recurrió a la Justicia al entender que el edil, considerado la mano derecha de Gorka Urtaran, «entorpeció» la investigación interna para esclarecer por qué los responsables de la perrera municipal no cortaron los supuestos abusos desde el primer aviso, que sitúan en «septiembre de 2019».

Hubo otras voces de alarma a los responsables del Centro de Protección Animal (denominación oficial de la perrera). Pero no fue hasta julio de 2020 cuando el Ayuntamiento presentó cargos en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. Lo hizo, por cierto, 24 horas después de que EL CORREO desvelase el caso.

El colectivo animalista reclamó una investigación interna al Gabinete Urtaran y señaló a los dos responsables de la perrera por dejación de funciones. Sin embargo, como recapitula el auto de la Audiencia, Gurtubai designó a «una persona dependiente jerárquicamente de los denunciados». La siguiente elegida también se situaba por debajo en el escalafón municipal. Para la parte denunciante, aquellas elecciones resultaron «arbitrarias» e «injustas». La Fiscalía de Álava también se adhirió a este recurso después de que el Juzgado de Instrucción número 3 archivara esta parte del caso.

No entra el máximo órgano judicial de la provincia en si hubo prevaricación o no por parte de Gurtubai –«extremo muy complicado de probar en la vía penal», avanzan medios internos del Palacio de Justicia–, sino que entiende que el Juzgado de Instrucción 3 archivó el asunto sin estudiarlo lo suficiente.

«En el estadío procesal tan temprano, en el que no se ha practicado diligencia alguna, no vamos a entrar a examinar si las circunstancias expuestas en la denuncia configuran un posible delito de prevaricación. Simplemente nos limitamos a constatar que no cabe descartarlo de plano, sin efectuar mayores precisiones que pudieran comprometer en el futuro nuestra imparcialidad objetiva, y respetando el derecho a la presunción de inocencia del investigado, o por mejor decir denunciado, pues aún no se ha investigado nada», reza el auto.

Lo firma el magistrado Francisco García Romo y lo secundan sus compañeros de sala Jaime Tapia (en su último servicio en el Palacio de Justicia de Vitoria antes de pasar el Gobierno vasco) y Elena Cabero.

Apasos siempre ha defendido que el Ayuntamiento hizo oídos sordos durante «nueve meses» a la pesadilla vivida en la perrera por estas siete voluntarias. Cuatro denunciaron abusos sexuales. Los tocamientos abarcaron desde el verano de 2018 hasta la primavera del año pasado. La primera voz de alerta interna data de «septiembre de 2019».

Otras tres voluntarias de la perrera presentaron cargos por acoso laboral. Todas pertenecen al colectivo animalista, que ejerce la acusación particular. En mayo de 2020, poco después de que la abogada de Apasos exigiera una investigación interna al Ayuntamiento, el sospechoso fue derivado a otra área. A finales de julio ingresó en prisión preventiva por agredir sexualmente a su exnovia. El día 6 de ese mes llegó la denuncia municipal.

El Gabinete Urtaran, contactado por EL CORREO, alegó ayer que «no tenemos constancia oficial. Mientras no la tengamos, no hay opinión al respecto». El auto es del lunes 29 de marzo.