El alquiler ilegal de pisos sociales en Vitoria ya cuesta 350 euros por habitación

A lo largo de las tres últimas semanas, este periódico ha recabado testimonios similares en otras ubicaciones reservadas a personas vulnerables en Zabalgana, Salburua y Lakua, propiedad del Gobierno vasco. Es un fraude invisible para el radar de la administración autonómica hasta que el inquilino registrado deja de pagar sus facturas.

«En ocho de cada diez desalojos que realizamos nos recibe una persona diferente a la que figura en el mandato judicial», asumen medios internos de la Policía Local, cuerpo encargado de esta tarea en el municipio. El Gobierno vasco sólo acude al Palacio de Justicia cuando el arrendatario oficial deja de pagar sus mensualidades, en torno a los 300 euros. Ahí aflora este timo oculto. ¿Y qué hacen los vecinos? Denunciar, no. «¿Para qué? Queremos seguir viviendo aquí. No queremos represalias», argumenta una familia alojada en la calle Pablo Picasso.

En Vitoria pululan redes especializadas en sacar tajada con estos pisos, beneficiados además por el déficit de alquileres libres a precios razonables. «Hace un año podías ir a ciertos locutorios y, dependiendo de tu procedencia o amistades, te daban información. Ahora prácticamente se limita al boca a boca. Hay miedo a ser pillados por Alokabide», desvela un nuevo vecino de la ciudad alavesa, conocedor de este fenómeno. Grupos específicos de Whatsapp y Telegram suponen la otra vía de 'contratación' irregular. Se abona mediante Bizum o en mano a personas que ejercen de enlace.

«Ahora mismo te piden en torno a los 350 euros mensuales por habitación», alecciona un residente en la calle Bremen. «Si quieres padrón, el precio sube a los 500». Evidentemente, ese empadronamiento es otra localización, en un piso libre. El Juzgado de Instrucción número 4 investiga una trama que se lucra con estos censos falsos.

«Hablamos de gente que está haciendo negocio en una época de necesidad para muchos», ilustra un abogado especializado en extranjería. «Te diría que cada quince días tengo algún cliente que me cuenta su experiencia con estos alquileres fraudulentos, pero nadie quiere denunciar. Temen quedarse en la calle».

Con 3.031 domicilios, Vitoria es la ciudad con mayor parque de esta sociedad pública vasca. También lidera las demandas por viviendas okupadas. Una reciente respuesta de Alokabide a la parlamentaria popular Ana Morales dejó entrever que algo pasa. De los 54 pisos sociales usurpados de los que ha habido constancia durante este 2025, 17 se localizan en nuestro municipio. Cada recuperación entraña meses o años de litigio. Y cuando este organismo consigue la orden de lanzamiento, hay sorpresa casi asegurada. Recibe un desconocido.

«Alguno nos ha dicho que ha pagado una entrada de mil euros. Otros reconocen los 350 mensuales», confían agentes locales. Pero nadie da nombres. «Hay inquilinos oficiales que dejan de pagar sus facturas y, sabedores de que serán desahuciados, los alquilan o los 'venden', cuando saben que la comitiva aparecerá en los próximos meses. Ocultan esa información al que les paga por vivir ahí», lamentan.

Tan habitual se ha vuelto esa escena que el propio Alokabide ha modificado el contenido de sus escritos oficiales a los juzgados. «Sus demandas incluyen ahora la frase 'contra el okupa y contra los ignorados ocupantes'», indican desde el Palacio de Justicia. Con esa fórmula más abierta da igual quien abra la puerta, el inmueble pasa de manera inmediata a su legítimo propietario.

Como pueden pasar varias semanas antes de que se instale un nuevo inquilino, este organismo coloca por protocolo puertas antiokupas para que lo disfrute una persona o familia en situación de vulnerabilidad que sí ha aguardado su turno en una lista de espera.

El peregrinaje por edificios sociales de calle Bremen, Sierra Urbasa, Helsinki , Toni Morrison, Ferrocarril del Norte, Iruña Veleia, Landaberde o Río Bayas revela que esas actuaciones judiciales sólo alcanzan la punta del iceberg. Podría haber docenas de pisos sociales realquilados. «Ese está a nombre de uno que anda en Bélgica. Mínimo tiene 2 tíos dentro. Claro que hay negocio con los pisos», asegura un usuario que sí cumple las reglas. «Son precios carísimos. Es una locura y es dramático», confía otro habitante de estos bloques. Hace dos años, una vivienda entera se 'ofrecía' por unos 350 euros al mes.

«Cuando hay escasez siempre florecen los oportunistas», proclama otro letrado especializado en extranjería. «No olvidemos tampoco que hay gente con padrón social que no vive en la calle. Lo hace donde puede».