Ayuntamiento y Diputación chocan por el proceso para limitar los alquileres en Vitoria

La polémica surgió a cuenta de unas declaraciones de la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, que instó al ente foral a que «agilice su trabajo» y «dé a conocer los índices de referencia necesarios» para proceder a la limitación de los precios del alquiler en la capital. Una petición que soliviantó al Ejecutivo foral. En un comunicado contundente, el equipo de Ramiro González replicó que la información fiscal para el cálculo del Índice de Precios de Referencia ha estado «disponible» desde hace seis meses, y le exigió que no genere «confusión».

En al menos dos ocasiones durante este verano, el responsable municipal de Urbanismo, el también socialista Borja Rodríguez, había planteado ese requerimiento en entrevistas a medios, que molestaron en el Palacio Foral. Pero fue ayer, tras la rueda de prensa de la alcaldesa, cuando el Ejecutivo provincial reaccionó públicamente. Desde el Departamento foral de Hacienda subrayaron que la administración alavesa «ya cumplió con sus obligaciones, estando disponible la información fiscal necesaria desde febrero y que ha sido remitida a petición del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en julio para llevar a cabo el cálculo correspondiente». Recordaron, además, que «la responsabilidad del cálculo recae en el Eustat», que depende del Departamento vasco de Economía, Trabajo y Empleo que dirige Mikel Torres (PSE).

A partir de ahí, el Gabinete del jeltzale Ramiro González tildó de «preocupante» el hecho de que «la alcaldesa pretenda trasladar dudas sobre un procedimiento en el que la Hacienda ya ha hecho sus deberes». «La ciudadanía espera rigor, coordinación y seriedad de sus representantes, no confusión ni declaraciones que demuestran desconocimiento», remarcaron. Finalmente, recordaron que «la colaboración institucional es imprescindible para abordar con garantías cuestiones de tanta relevancia económica y social».

Aunque la controversia pueda resultar llamativa por producirse entre dos partidos que son socios de gobierno, no es la primera vez que las dos instituciones chocan. En agosto, en las fiestas de La Blanca, el mandatario foral reprochó al Ayuntamiento su laxitud con las pancartas a favor de los presos etarras. «Se toleran por evitar la confrontación», dijo. La regidora tildó sus palabras de «no muy afortunadas» y lo asoció (también) al «desconocimiento».

En esta ocasión, ese reproche ha llegado por parte de la administración foral. Recrimina «desconocimiento» a Etxebarria después de que esta señalara horas antes, en su primera rueda de prensa tras las vacaciones estivales, que «es necesario» que la Diputación «agilice su trabajo y dé a conocer los índices de referencia necesarios para proceder a la limitación de los precios del alquiler». Sin estos datos, explicó la alcaldesa, «nos veríamos obligados a seguir esperando en un escenario nada halagüeño en especial para los más jóvenes, que son quienes más dificultades tienen y sufren el problema de acceso a una vivienda».

El Consistorio vitoriano «ya ha hecho sus deberes presentando toda la documentación necesaria al Gobierno vasco», subrayó la dirigente del PSE, recordando que el Ejecutivo autonómico ya publicó la orden de inicio del procedimiento de declaración el pasado agosto. «Si no hay alegaciones, el próximo otoño podríamos ver publicada en el BOE la declaración». Etxebarria transmitió que culminar este proceso es uno de los retos más importantes que se ha marcado para el inicio del curso político.

Portavoces del Eustat explicaron que la Hacienda foral de Álava le ha facilitado datos de 2023 y «se está analizando la viabilidad de llevar a cabo el cálculo de los índices de referencia con esa información». Las otras dos diputaciones, precisaron, también han remitido información del 23 –sólo Bizkaia ha aportado también datos complementarios del 2024–. Lo que ocurre, explicaron, es que cada hacienda ha enviado documentos «distintos» y algunos son más fáciles de adaptar que otros a las exigencias del Ministerio. Fuentes consultadas por EL CORREO confirmaron que ayer mismo el Ayuntamiento de Vitoria contactó con el Instituto Vasco de Estadística y recibió esa misma información.

Al margen de este asunto, junto al proceso para la declaración de zona tensionada, la alcaldesa confirmó que Vitoria va en plazo con los trámites para dar el visto bueno final al nuevo Plan General, herramienta que marcará la expansión del municipio. «A lo largo de este mes daremos los pasos finales para aprobar el documento en las siguientes semanas», trasladó Etxebarria.

La norma de mayor rango urbanístico ha sido otro elemento de confrontación entre la Diputación y el Ayuntamiento. González criticó al Consistorio por un Plan que «impide el desarrollo» de Álava. Eso fue en 2023, si bien el documento fue aprobado por la dupla PNV-PSE con apoyo de Elkarrekin Podemos en la anterior legislatura. La Diputación se alineaba así con las críticas de la patronal SEA y la Cámara de Comercio por la falta de suelo industrial.