La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social

Sería su respuesta y la de todo el partido a la amplia contestación social y política que arrastra este equipamiento en Euskadi. Desde el PNV, socio del PSE en Vitoria y en las principales instituciones vascas -motivando algo más que roces-, hasta el PP, que incluso ha recogido firmas en su contra, o EH Bildu. Los vecinos de la zona también se han manifestado en reiteradas ocasiones para mostrar su rechazo a la iniciativa.

«Creo que de esta manera el centro se ajustaría mejor a la capacidad operativa de los recursos y servicios sociales de la ciudad en el caso de que sean necesarios para prestar algún servicio y tipo de ayuda a las personas refugiadas», argumentaba este viernes la alcaldesa para justificar ese recorte de 150 plazas. Así se lo trasladó el lunes a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una reunión en Madrid. «Receptiva», aseguró, a modificar el plan original.

Además de reducir la capacidad del centro, Etxebarria también solicitó a la ministra socialista que algunas dependencias del centro de protección puedan ser utilizadas por los residentes del entorno. No solo las áreas deportivas, algo que «ya estaba comprometido», sino otros servicios como la biblioteca o algún otro espacio social, apuntó. El cambio «ayudaría a impulsar la integración de las personas refugiadas y al mismo tiempo facilitaría la participación de las entidades y de los vecinos de la zona».

En la misma reunión, según relató Etxebarria durante una comparecencia ante los medios de comunicación, requirió a la ministra «una mayor coordinación con el Gobierno vasco». Lakua es competente en materia migratoria en ámbitos como los itinerarios de acogida e integración, permisos de trabajo, educación o salud, y «es necesario mejorar estos cauces de coordinación», reseñó.

Elma Saiz, dijo, «se ha comprometido a analizar» estas tres solicitudes. «Fue receptiva, me sentí escuchada y atendida en mis peticiones y ahora estamos a la espera del resultado que pueda deparar esa reunión», agregó la dirigente del PSE. A su juicio, hay aspectos del equipamiento de Arana que «se pueden mejorar» y «se deberían repensar» con el objetivo de «potenciar la labor protectora e integradora que va a tener».

Preguntada sobre si ese importante cambio de posicionamiento se había abordado previamente con la Diputación alavesa y el Gobierno vasco, Etxebarria se limitó a señalar que «es una propuesta que he realizado a la ministra atendiendo y escuchando a diferentes instituciones». Aseguró mantener «continuas conversaciones, prácticamente diarias» tanto con la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, como la Subdelegación. «Hay coordinación interinstitucional».

Este proyecto para el centro de acogida en la antigua clínica Arana, un inmueble propiedad entonces de la Tesorería de la Seguridad Social, se remonta a la pasada legislatura, a inicios de 2023. Desde el primer momento el PNV mostró su rechazo. El anterior alcalde, Gorka Urtaran, manifestó que en Euskadi «no son necesarios este tipo de servicios» y tildó de «unilateral» la decisión del Gobierno del Estado.

El rechazo llegaría después en cascada desde las otras instituciones con gobiernos de coalición PNV-PSE. Las críticas arreciaron desde la Diputación Foral de Álava, con su máximo responsable, Ramiro González, a la cabeza. Pero también del ala jeltzale del propio Ejecutivo autonómico. Un choque inédito entre los dos socios, con duras descalificaciones públicas y la confrontación de dos modelos de acogida, el estatal -con este tipo de centros para quienes huyen del conflicto y la persecución en sus países de origen-, y el vasco, que pretende dar una respuesta «individualizada» y ve riesgo de «guetización» en proyectos como el de Arana.

El choque dialéctico entre jeltzales y socialistas se aplacó en vísperas de las elecciones municipales y forales. 'Tregua' bajo el compromiso de una mayor colaboración interinstitucional. Después, aunque sin la crispación del pasado, han vuelto las discrepancias.

Mientras tanto, las obras de remodelación del edificio avanzan y las últimas previsiones marcan que el espacio abrirá sus puertas en 2026. El presupuesto para rehabilitar el inmueble asciende a 16,2 millones de euros, 2,2 millones más que los 14 reservados en un principio para esta obra, según la documentación de modificación del contrato firmado con la constructora Seranco.

Consultada sobre el plazo de apertura, Etxebarria no aportó este viernes información y se centró en defender el proyecto y su cabida con la filosofía «solidaria» de la capital alavesa. El complejo «no es un centro de delincuentes como quiere hacer creer la extrema derecha y otros partidos que han comprado su discurso, sino un recurso para personas y familias que necesitan ayuda y protección». También hizo referencia a la guerra en Gaza y en general, a la «inestabilidad» a nivel mundial, lo que «exige la puesta en marcha de infraestructuras bien diseñadas y planificadas para atender a las personas afectadas afectadas» así como «estrechar la coordinación entre las administraciones».

Vitoria, abundó Etxebarria, «nunca ha dado la espalda a quienes han tenido que abandonar su hogar». «Así nos lo recuerda nuestra historia más reciente, porque entre las décadas de los 60 y los 80 acogimos a miles de emigrantes llegados de otras provincias de España», concluyó.