Álava detecta 132 millones de fraude fiscal en cerca de 4.000 inspecciones realizadas

Sobre el total, 82 millones corresponden a inspecciones desarrolladas y los cincuenta restantes son como consecuencia de la revisión que se hace sobre liquidaciones, deducciones y operaciones incorrectamente presentadas por los contribuyentes. La casi absoluta informatización de la contabilidad contribuye a ampliar el foco de actuación y abrir cada vez más expedientes. De esta manera, en el último ejercicio se colocó la lupa sobre 2.470 empresas y 1.528 personas individuales. Porque ya no supone revisar cada movimiento en los pesados libros de contabilidad, sino que los propios programas informáticos son quienes avisan a la Administración de la posible existencia de un elevado indicio de riesgo fiscal.

En cualquier caso, los responsables del fisco alavés recalcan que «no hay sectores concretos que defrauden, sino personas concretas» que lo hacen. Tratan de eliminar cualquier halo de sospecha sobre los profesionales y demuestran la existencia de una amplísima red de supervisión que va desde las devoluciones y las ganancias patrimoniales hasta el control de datáfonos y la posible presentación de facturas irregulares.

Puede que en el imaginario popular, el defraudador siga siendo aquel que opera con cuentas en el extranjero o realiza grandes movimientos de dinero en efectivo y a través de cheques. Sin embargo, esas «ganancias patrimoniales no justificadas», como las definen los técnicos de la Hacienda foral, supusieron la recuperación de doce millones, lo que supone un importante incremento, ya que un año atrás apenas alcanzó los 91.000 euros. Además, se cerraron otros cuarenta expedientes por la emisión y recepción de facturas falsas que han supuesto 1,2 millones declarados de forma incorrecta.

Donde más fraude se sigue detectando es en la labor de control a personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas con rendimientos negativos o beneficios muy reducidos que pueden haber incluido en sus declaraciones gastos ficticios, no relacionados con el desarrollo de su actividad económica o simplemente desproporcionados respecto a sus ingresos para tratar de pagar menos de lo que le corresponde a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Sociedades. Una cuestión que, a primera vista, podría parecer menor, pero que ha supuesto recaudar 45,8 millones de euros que no se habían declarado de forma correcta.

«No se nos tiene que olvidar que el fraude fiscal reduce la capacidad de las instituciones para ofrecer servicios (sociales, sanitarios, transporte…) y debilita su capacidad de respuesta en situaciones económicas como la actual que exigen esfuerzos extraordinarios», explica la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo.