Álava aumenta los equipos de valoración para reducir las esperas a las personas con discapacidad
El Gobierno foral dedica 210.000 euros para sumar un nuevo equipo multidisciplinar, como acordó con EH Bildu en los presupuestos
Si una persona con discapacidad pide en Álava una valoración a la Diputación, tendrá que esperar hasta octubre para disponer del resultado. Siete meses y ... medio tarda el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) en calcular el porcentaje después de que el Ministerio cambiase los baremos en 2022. Un problema que evidenció EL CORREO el pasado año y para el que se han buscado distintas fórmulas, aunque no están obteniendo resultados inmediatos.
En ese sentido, y fruto del acuerdo presupuestario entre el Gobierno foral y EH Bildu, en los últimos meses se ha aumentado un nuevo equipo multidisciplinar de valoración con trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales y administrativos, que funcionará hasta final de año. Así se confía en que poco a poco se vaya rebajando la lista de espera. Para eso, se han dedicado 210.000 euros del presupuesto foral.
«Este grupo se puso en marcha la semana pasada. Tiene un carácter adaptativo, con el objetivo de hacer más efectivo el acceso al sistema a los colectivos y atender mejor las contingencias que puedan surgir, teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias», ha explicado la juntera abertzale Claudia Venceslao.
Los trabajadores de este servicio de la Diputación tienen una importante carga de trabajo y los tiempos de espera son largos. 67,5 días en el caso de la valoración de la dependencia y siete meses y medio en el caso de la discapacidad. «Creemos que Álava debe ser un territorio de cuidados en el que las personas estén en el centro y las políticas públicas deben responder a ese principio», ha asegurado la portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe.
El nuevo criterio que estableció el Ministerio de Derechos Sociales bajo el mandato de Ione Belarra pretende ser más certero a la hora de evaluar las necesidades de las personas, pero está siendo «muy complejo» a la hora de su aplicación en todas las comunidades autónomas. Y es que se han complejizado en exceso los procesos de valoración de la discapacidad. El grado que se asigna se consigue tras cruzar cuatro baremos: uno global de la deficiencia de la persona, otro que analiza las limitaciones en la actividad, el siguiente sobre la restricción en la participación del demandante y el último que se dedica a examinar los factores contextuales y las barreras ambientales.
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