Condenan al expresidente de la junta de Aretxabaleta a dos años de cárcel y al pago de 545.000 euros

El que fuera regidor-presidente del concejo de Aretxabaleta entre los años 1999 y 2014, Miguel Acedo, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Álava a dos años de prisión y al pago de más de 545.000 euros de los que se apropió durante su mandato para su beneficio y el de terceros tras la venta de una finca del municipio por 1,5 millones de euros.

Así lo sostiene la sentencia, hecha pública este viernes, que considera que el acusado es autor de un delito de apropiación indebida. El fallo judicial, sin embargo, rechaza la petición de ocho años de cárcel solicitada por la Fiscalía, al entender que no concurre la agravante de prevalecerse del cargo público que ocupaba.

Durante el juicio, celebrado el pasado 15 de febrero, Acedo defendió su inocencia a capa y espada. Entre otras cuestiones, el sumario judicial hablaba de «docenas» de reintegros de «hasta 600 euros» en cajeros automáticos «a cualquier hora del día». Ese dinero no se sabe muy bien dónde acabó. A largo de la vista, el procesado sostuvo que «todo lo que saqué era para el pueblo». Sin embargo, no figuraban facturas que justificaran esos movimientos. Acedo lo atribuyó a que fueron abonos por toda clase de servicios y que «los hice en mano». Agregó asimismo que «en 2008 hubo un incendio en el centro social, donde se guardaba esa documentación». Cinco años después, apuntó al tribunal, «se produjo un robo en la asociación deportiva, donde se habían trasladado los papeles que se salvaron».

El supuesto desfalco salió a la luz pública en 2014, cuando una nueva junta gestora le sustituyó y vio algo raro en las cuentas. A pesar de que el concejo ingresó durante su presidencia 1,5 millones de euros por la venta de parcelas a promotores de viviendas, los nuevos responsables sólo encontraron en la cuenta corriente del pueblo «167 euros» y «un montón de deudas por saldar».

Desde el primer momento, la defensa pidió la absolución para su patrocinado. Acedo contó que con el dinero recibido pensó en hacer un «polideportivo o un centro cívico» para el barrio. Como esos proyectos no prosperaron, decidió emplearlo «en actividades para Aretxabaleta», zona de expansión urbana al sur de la capital alavesa. En su época de presidente, Aretxabaleta no presentó cuentas a la Diputación Foral de Álava, razón por la que le limitaron cualquier ayuda oficial. En este tiempo, Acedo reconoció que trabajó en la «economía sumergida». Todo el planteamiento de la defensa fue en esa línea, que no hubo apropiación alguna, sino que se trató de una gestión inapropiada.

Numerosas extracciones de dinero

En su sentencia, sin embargo, el tribunal ha considerado probado que en septiembre de 2014 el concejo vendió una finca por valor de 1,5 millones de euros y, desde esa fecha hasta enero de 2014, Acedo hizo numerosas extracciones de dinero de la cuenta de la institución local hasta retirar un total de 545.454 euros, aunque nunca sacaba más de 50.000 euros de una vez.

La Audiencia rechaza el argumento de que el segundo vocal del concejo pudiera haber empleado la tarjeta de crédito bancaria para hacer extracciones, pero admite que algunas cantidades se destinaron a pagar actividades en beneficio del concejo, que contaba en aquellos años con entre 200 y 300 habitantes. Entre otras actividades, destinó dinero a la organización de fiestas patronales, viajes para jubilados, cursos de informática, acampadas para niños y a los equipos deportivos.

No obstante, el fallo sostiene que, pese a que una parte sí redundó en beneficio del concejo, otra fue para beneficio propio del acusado y de terceras personas. Desestima la alegación del acusado de que no tenía facturas o justificantes de los pagos porque se quemaron en el incendio de 2008 y que en 2013 también se produjo un robo en ese mismo centro social donde estaba la documentación, puesto que no se ha probado ninguno de estos hechos.

La Audiencia recalca, de igual modo, que el acusado no tenía un trabajo remunerado conocido y, además, se ha constatado que durante varios años el concejo pagó el teléfono móvil de Acedo y el fijo de su madre. No obstante, no le aplica la agravante de haberse prevalido del carácter público de su cargo. No hay ningún dato que avale que accediera a este puesto con la idea de vender la finca y apoderarse del dinero.

«Como nuevos ricos»

El fallo judicial constata que Acedo permaneció tantos años en el cargo porque «a fin de cuentas a todos los vecinos del concejo les venía bien» ese derroche de recursos, ya que les permitía vivir «como nuevos ricos» puesto que «disfrutaban de servicios y bienes de todo tipo que, normalmente, sin ese dinero recibido de la venta de la parcela, no habrían tenido». Y es que el acusado «utilizaba generosamente el dinero a favor de asociaciones, agrupaciones, fiestas y actividades y, al mismo tiempo, se cobraba un suelo o remuneración y lo daba a otras personas».

Dado que el Tribunal de Cuentas ya condenó en su día a Acedo al pago de 397.911 euros, la Audiencia de Álava acuerda que, cuando esa sentencia sea firme y también la actual, dado que cabe interponer un recurso de casación ante el Supremo, deberá pagar por un lado esa cuantía y por otro 147.543 euros hasta completar los 545.454 euros de condena total, más los intereses. A ello añade una multa de 1.440 euros.