Un juez aprecia razones políticas en el despido de un exalto cargo de Ibarretxe

El juzgado de lo Social Nº 10 de Bilbao ha estimado que se vulneraron «derechos fundamentales» y que existía una motivación política en el despido del grupo público Spri de una empleada que había ocupado un alto cargo en el Gobierno de Juan José Ibarretxe. El juzgado considera que la sociedad pública, empresa dependiente del Departamento de Industria, no ha podido acreditar las causas laborales que argumentaba para justificar el despido de Jasone Aretxabaleta, que había ocupado el cargo de directora de gabinete en el Ejecutivo del PNV a las órdenes de la entonces consejera Ana Aguirre. Fuentes de la consejería de Industria aseguraron ayer a EL CORREO que la sentencia será recurrida.

Aretxabaleta se reincorporó al grupo público Spri, donde tenía una plaza como empleada, tras el cambio de Gobierno que se produjo en mayo de 2009 y que llevó al poder al PSE. Fue adscrita en comisión de servicios a la red de Parques Tecnológicos -su puesto de directora de comunicación en el grupo fue adjudicado a otro exalto cargo del Gobierno de Ibarretxe, procedente de Interior-, pero al parecer surgieron numerosos roces con sus superiores. Según refleja la sentencia, ya en noviembre de 2010 la dirección de Spri le remitió una carta en la que se le mostraba el descontento de los responsables del grupo con su desempeño profesional, al tiempo que se le indicaba que no seguía las directrices de sus superiores y se daba cuenta de «quejas» por parte de la Red de Parques Tecnológicos sobre su trabajo.

El deterioro en el clima laboral continuó e incluso aumentó algunos grados, lo que condujo a su despido tan sólo dos meses más tarde, en diciembre del pasado año. En la carta de despido, reproducida en la sentencia, los responsables de Spri indicaban que, pese a la misiva anterior, había persistido la indisciplina frente a sus superiores y se apreciaba «desinterés hacia el trabajo». La carta admitía que, para no entrar en un litigio, la empresa pública admitía la «improcedencia» del despido, por lo que aplicaba la indemnización legal máxima.

«Sin causa»

Sin embargo, la entonces empleada del grupo Spri no admitió las condiciones y recurrió a los tribunales, por considerar que su despido se debía a motivaciones políticas y no laborales. El juez ha aceptado como buena esta tesis, fundamentalmente porque, apunta la sentencia, la empresa dependiente de Industria no ha demostrado que sus acusaciones sean ciertas. La resolución deja constancia de que la declaración del actual director del Parque Tecnológico de Zamudio -también ocupaba este cargo en la legislatura anterior-, así como una conversación grabada por la afectada con un directivo del grupo, revelan que no había quejas sobre su trabajo por parte de sus superiores más directos.

Así, el juez concluye que existen indicios de una motivación política «teniendo en cuenta la vinculación política al Gobierno anterior de la demandante -señala la sentencia- y la realidad palmaria de una falta absoluta de prueba sobre causa para despedir». La declaración de despido «nulo» obliga a la empresa a la readmisión inmediata, sin que pueda optar por desprenderse del trabajador mediante una indemnización.

Desde el Departamento de Industria mostraron ayer su desacuerdo con el contenido de la sentencia, por lo que dieron como «seguro» el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En esta línea, apuntaron que en la actualidad hay «muchos excargos de anteriores gobiernos del PNV en puestos relevantes del departamento y de sus empresas públicas, sin que hayan sido merecedores de una decisión de despido».