Madrid delega en Burgos la concesión de ayudas de hasta 100.000 euros por las inundaciones

«La competencia para resolver los procedimientos para la concesión de las subvenciones cuya cuantía no supere los 100.000 euros». Es la función que el Ministerio del Interior ha otorgado a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las zonas afectadas y que va a permitir agilizar la entrega de las ayudas para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento, que se sucedieron durante los meses de enero, febrero y marzo.

Ese es el criterio con el que Madrid defiende esa cesión de competencias que ayer se formalizó con la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se trataría de ese anexo legal que quedaba pendiente desde principios de marzo, cuando salió adelante el Real Decreto que contemplaba ayudas extraordinarias por los temporales que ascenderían a 100 millones de euros. El 70% de la inversión se destina a contrarrestar los daños y sale de los fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; el 30% restante se gestiona a través del Ministerio de Fomento, mientras que el de Interior contribuye con unos 5 millones de euros más.

Este último sería, en principio, el montante que se pasaría a gestionar directamente desde los distintos órganos de representación del Ejecutivo central en Cantabria, Navarra, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Ávila, Burgos, León, Palencia,Salamanca,Segovia,Soria, Valladolid, Zamora, Huesca, Teruel yZaragoza.

Las subvenciones vendrían a daños personales y materiales, prestaciones personales y de bienes y gastos de emergencia de los Ayuntamientos. «A estas subvenciones de naturaleza paliativa, financiables con cargo a los créditos del Ministerio del Interior se especifica en el BOE, hay que sumar las medidas o subvenciones que se pueden adoptar, en su caso, desde otras administraciones públicas con competencias en los territorios afectados (se cita a las comunidades autónomas y diputaciones provinciales o forales).

En el caso del Ayuntamiento de Miranda, se precisa desde Alcaldía, la pretensión sería ver cubiertos mediante esta fórmula, la relación de los gastos derivados, en gran parte, por la contratación de personal y equipamiento externos que se reclamaron en su día utilizando como nexo de unión con la Subdelegación del Gobierno en Burgos, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (Viranda). Esta oficina fue la encargada de centralizar las peticiones de los ciudadanos que, fundamentalmente, carecían de la cobertura de seguros.

Tanto en los casos particulares como en el del propio Ayuntamiento, las solicitudes de cobertura económica se cursaron en base a lo que planteaba el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que regulaba las subvenciones para la atención de «determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica». Un paquete cuya supervisión corre a cargo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. El coste de la contratación de vehículos de refuerzo para limpieza se incluyó también en una de las demandas gestionadas por Viranda. La cifra de lo reclamado por esta vía se movería en torno a los 100.000 euros, según lo planteado ayer por Fernando Campo.

«Los otros daños importantes, como los que se produjeron en la Casa de Cultura o en el polideportivo, se gestionaron a través de nuestros seguros». En la primera el agua causó destrozos cuya tasación se movió en torno a los 200.000 euros; y en el segundo, sobre todo en la piscina climatizada, la valoración llegó a ascender a 250.000 euros. Una cantidad, esta última, que también se contempló como inversión necesaria el acondicionamiento de distintas calles de la ciudad, dañadas por el hielo, la nieve y el agua.

En total la Subdelegación del Gobierno en Burgos tendría constancia de 95 solicitudes de particulares llegadas de Miranda y dos más tramitadas por el propio Ayuntamiento como consecuencia de las inundaciones del pasado 31 de enero. «La cifra puede variar», se insiste. De hecho, ayer mismo se registraron dos nuevas.

«Celeridad y eficacia»

Desde el Ministerio del Interior se considera «oportuna y necesaria» la implicación de las delegaciones y subdelegaciones territoriales del Gobierno de España en la tramitación de las ayudas «ya que su proximidad a los damnificados en cada uno de los territorios, así como su interlocución con las administraciones autonómicas, provinciales o forales, permitirían resolver los procedimientos con mayor celeridad y eficacia». Un criterio que, a su vez, posibilitará que la cobertura «llegue en un breve plazo de tiempo a las personas que se encuentran en una situación de necesidad». Legalmente existiría un plazo de tres meses para la presentación de peticiones y la administración tendría hasta medio año para la resolución.

La otra vía de compensación de daños, la que depende del Consorcio de Compensación de Seguros, tenía cursadas a finales del pasado mes un total de 1.222 solicitudes desde distintos puntos de la provincia, según datos publicados por ELCORREO. De ellas, más de 700 provenían de Miranda; un 70% del total tramitadas. Entonces el Consorcio había abonado 1,4 millones de euros por 428 siniestros valorados en la propia Miranda.