El Ayuntamiento pide ampliar a 17 años el plazo para ponerse al día con Hacienda

Es el segundo aplazamiento en menos de tres años. Aunque con este se persigue más un acomodo contable, que paliar los efectos de una brecha económica. El Ayuntamiento ha solicitado formalmente ampliar una década, 120 mensualidades para ser más precisos, la liquidación de la deuda que contrajo con Madrid por un sobre pago en la participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009. El importe pendiente ascendía entonces a 1,8 millones de euros. En menos de un mes, la deuda real quedará establecida en 1,1.

El problema comenzó a gestarse en los primeros años de la crisis, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, siguiendo la inercia de periodos anteriores, adelantó a las administraciones locales unas cantidades de dinero que, al cierre, se revelaron elevadas. Se produjo, en definitiva, un desfase entre lo que el Estado preveía recaudar de ahí sale el porcentaje que se adelanta a los ayuntamientos y lo que finalmente ingresó. Tocaba devolver. La situación detectada en 2008 se reprodujo al año siguiente. Vista la experiencia, se reajustaron esos pagos a cuenta en los siguientes ejercicios.

Pero la deuda sigue ahí. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió en su día oxígeno para saldarla (2011); un calendario más elástico. Se dieron cinco años, pero se requerían diez para hacerla frente. No se trata de pagar, si no de descontar. Esto es, el Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas, ha ido retirando de sus abonos posteriores, el porcentaje mensual del dinero que se le adeuda. Esta circunstancia, unida a los recortes planteados en todos los niveles del poder público, generaba un menor flujo de ingresos que amenazó con llevar al k.o. técnico a muchas entidades.

Sin llegar a esa situación tan extrema aunque luego debió plegarse a un plan de ajuste hasta 2022 para liquidar más de 6 millones a sus proveedores, el Ayuntamiento de Miranda se sumó a ese aplazamiento. El desfase por la Participación en los Ingresos del Estado de 2008 le dejó con -651.065,87 euros. El debe de 2009, casi fue del doble:1.167091,91. La suma total se elevó a los 1.818.757,78 euros.

Más de 29.000 se le dedujeron mensualmente, en los primeros años, cuando el calendario de devoluciones se estableció en un lustro. Con la ampliación a las 120 mensualidades (una década), el importe total de lo que se restaba alcanzaba los 12.071,21 euros. De acuerdo con la información facilitada por la Concejalía de Hacienda, con la mayor elasticidad del periodo de liquidación, el Consistorio tendría que hacer frente a un total de 204 mensualidades, a razón de 5.793,99 euros cada una de ellas. Tendría, por tanto, 17 años para ponerse al día.

La propuesta del aplazamiento se sometió a la votación de los grupos políticos en el último pleno. Y fue respaldada por unanimidad. La solicitud, por tanto, se cursará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y no existe, en principio, espacio para una sorpresa negativa.Porque se cumplen con los requisitos exigidos para dar este paso o eso es, al menos, lo que defiende la responsable del área, Laura Torres.

Al día con los proveedores

La fórmula se contempla en una disposición adicional única del Real Decreto-Ley 12/2014 de 12 de septiembre. Recoge la posibilidad de esa ampliación complementaria en 120 meses, pero siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El primero es haber presentado la liquidación de 2013 de la totalidad de entidades integradas en la corporación local. Ésta fue remitida recientemente «por medios telemáticos y con firma electrónica» al ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

La segunda condición es que, a 31 de diciembre de 2014, se tenga previsto cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública. Al respecto, el Ayuntamiento de Miranda se sostiene en los datos arrojados por «la ejecución trimestral» y, más en concreto, los referentes a julio, agosto y septiembre y que ya obraría en poder Hacienda yAdministraciones Públicas desde el 31 de octubre. Para refrendar estos datos positivos hay previsión de que, una vez más, los ingreso fijos prácticamente cubran los gastos obligatorios se incorpora también un informe de la Intervención municipal «sobre el cumplimiento de los citados requisitos».

Por último y esta es una de las claves fundamentales, en la disposición adicional se exige que el peticionario esté al día con sus clientes. Y eso, traducido, implica no rebasar el mes de demora. «El periodo medio de pago no debe superar los 30 días según la normativa de morosidad, de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores que publiquen en el mes de octubre de 2014, conforme al RealDecreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas».

En este punto, el Ayuntamiento también ha hecho sus deberes. El 30 de octubre se remitió desde la Intervención ese periodo de liquidación «no superando en más de 30 días el plazo máximo». En los últimos meses, sobre todo a raíz de solicitarse la cancelación del préstamo del pool bancario que se canalizó con el ICO, la responsable del departamento de Hacienda y el propio alcalde han hablado de un periodo medio «situado en torno a los 24 días».

Miranda se incorpora a ese 54% de los municipios de más de 20.000 habitantes que han solicitado el aplazamiento del pago de la liquidación negativa del Estado. La medida así es, al menos, como se ha vendido desde el Gobierno central permitirá contar con una mayor liquidez y destinar más dinero a inversiones en los presupuestos del próximo ejercicio. Porque está pensada, precisamente, para su entrada en vigor a partir del 1 de enero.

En este sentido, y de acuerdo con la distribución actual de los pagos, en la sede de plaza de España se estima que, a 31 de diciembre, quedaría pendiente de devolver 1.181.973,58 euros. Lo que significa que, llegada la fecha, se habrían enjugado 636.784,20 euros de la citada deuda.