El Supremo ampara que se juzgue por terrorismo la paliza a dos guardias civiles en Alsasua

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que existen indicios lo suficientemente sólidos para que pueda enjuiciarse la paliza recibida por dos guardias civiles en Alsasua el pasado 15 de octubre como un posible acto de terrorismo y deja, en consecuencia, la causa en manos de la Audiencia Nacional.

Los magistrados resuelven así el conflicto de competencia planteado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona a instancias de la Audiencia de Navarra, que cree que los hechos se encuadrarían en un caso de lesiones pero no de actividad terrorista y que había requerido, por tanto, que fueran encausados por los tribunales ordinarios de la comunidad foral y no en Madrid.

Según la resolución hecha pública este jueves, el Supremo aprecia «indiciariamente un encaje» de la agresión en los presupuestos del artículo 573.1 del Código Penal, el cual establece que es terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. La Sala se escuda en dos argumentos: uno, la gravedad de las lesiones sufridas por uno de los agentes (fractura desplazada de tobillo derecho); y dos, en la acusación policial contra varios de los detenidos por formar parte de «organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, mediante actos reiterados de protesta, presión y hostigamento contra los agentes y sus familias».

Tres de los encausados siguen en prisión

La decisión trasciende este caso, porque está pendiente un contencioso similar en torno a los último disturbios provocados en Pamplona a raíz de una manifestación a favor de ATA y porque permite deducir que el Supremo no va a aflojar en sus presupuestos sobre la lucha contra ETA pese al desarme de la organización.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, da vía libre así a la Audiencia Nacional para juzgar a los procesados. La magistrada de los juzgados centrales Carmen Lamela cerró hace unas semanas la instrucción proponiendo que se juzgara por «terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio» a nueve de los jóvenes de entre 19 y 24 años arrestados por la agresión a un sargento y un guardia de paisano en un bar de la localidad navarra.

Tres de los encausados se encuentran en prisión preventiva, mientras que otro de los detenidos ha quedado libre de cargos concluida la investigación. El proceso ha provocado una amplia contestación social y política en Navarra, con las fuerzas del cuatripartito que gobierna la comunidad al frente. Este miércoles, 83 alcaldes de Navarra y Euskadi -entre ellos el de San Sebastián, Eneko Goia- suscribieron un manifiesto a favor de que los hechos fueran enjuiciados por los tribunales ordinarios.