Los jueces activan ahora treinta órdenes de búsqueda de menores en Bizkaia

Los juzgados de Bilbao han activado en sólo dos días una treintena de búsquedas de menores que han cometido delitos y que tienen pendientes de cumplir diversas medidas judiciales, como se denomina a las resoluciones que la Justicia impone a los menores de edad. Se trata de un número de órdenes importante, sin apenas precedentes en tan poco espacio de tiempo, que pone de manifiesto la preocupación que se ha extendido entre las instituciones vascas por el brote de violencia registrado en Bizkaia en las últimas semanas. Y especialmente porque las muertes de un vecino de Amorebieta durante un asalto callejero en Bilbao y de un matrimonio de octogenarios, también en la misma ciudad y en un robo a su domicilio, se han producido a manos de adolescentes que no superan los 16 años.

La remesa de de expedientes no hace referencia a nuevas investigaciones, sino que la mayoría de búsquedas se corresponde con casos conocidos por las instituciones. En las providencias enviadas a la Ertzaintza hay todo tipo de perfiles: desde muchachos que se encuentran bajo orden de captura después de haber cometido delitos importantes hasta otros que, sin tener graves causas pendientes, se han fugado de un centro de menores. De hecho, una buena parte de estos jóvenes deberían encontrarse ingresados en hogares de la Diputación de Bizkaia ya que, al margen de los delitos por los que tienen que responder ante la Justicia, los servicios sociales consideran que padecen graves problemas de integración y que necesitan ser protegidos.

El problema es que se desconoce el paradero de la mayoría. Según fuentes policiales, puede tratarse de menores extranjeros no acompañados (conocidos como menas), que suelen cambiar frecuentemente de lugar de residencia y a los que se les pierde el rastro cuando se marchan a otra comunidad. En numerosas ocasiones también hay adolescentes que se fugan de los centros forales y pueden estar escondidos por su entorno familiar, que no ha aceptado la decisión de que se le retire la custodia. Este es el caso, por ejemplo, de un menor de 14 años de Bilbao, con un amplio historial delictivo, que amenazó a un educador social con un cuchillo, robó un coche para huir de las instalaciones de acogida y se dirigió hasta la capital vizcaína. Desde hace meses está en paradero desconocido. La Policía vasca sospecha que sus allegados le tienen escondido en alguna vivienda, pero ellos lo niegan.

Los centros forales de los que se marchan no son, en todo caso, de régimen cerrado. En otras palabras, no se trata de cárceles para menores, como ocurre en las dependencias de Zumarraga, donde han sido internados dos de los presuntos autores del doble crimen de Otxarkoaga. Allí, en régimen cerrado, cumplen condena quienes han cometido los peores delitos y los multirreincidentes. Su función es, sobre todo, proteger y educar a chicos con graves problemas de desestructuración social.

El fundamento de la red consiste en conceder a los internos cierta libertad, como acudir a clase o realizar actividades y disfrutar de tiempo libre para que puedan superar sus problemas de desestructuración social. Bastantes muchachos integrados en el sistema de la Diputación han cometido delitos y han sido condenados por los jueces a medidas como la libertad vigilada, pero sin llegar a ser privados de libertad. Pueden hacer vida prácticamente normal. «Esto es como una casa, no una cárcel. Normalmente no se fugan, sino que no regresan cuando van a la escuela o tienen alguna salida», precisan los educadores sociales que trabajan en estos centros, que comunican todas las desapariciones a la Ertzaintza.

Y es aquí donde se establece un frágil equilibrio entre los intereses y las responsabilidades de todas las instituciones implicadas en la protección y el control de los menores que delinquen: las diputaciones, el Gobierno vasco, la Fiscalía y los juzgados. Diversos expertos consideran que los últimos sucesos ocurridos en Bizkaia -además del homicidio de Ibon Urrengoetxea y el asesinato del matrimonio de Otxarkoaga, cuatro menores abusaron sexualmente de una joven en Barakaldo y una pandilla juvenil propinó una brutal paliza a un muchacho que iba al metro- ponen de relieve un «problema social» respecto a la integración de hijos de familias desestructuradas. Las instituciones se miran unas a otras a la hora de señalar responsabilidades. Las fuentes consultadas por EL CORREO subrayan, de hecho, que la treintena de providencias que se han emitido en dos días para buscar a estos jóvenes -algunos de ellos también cumplen medidas de libertad vigilada en sus domicilios- revelan la preocupación existente en círculos políticos, judiciales y policiales por los últimos episodios de violencia. Diversas fuentes calculan que los menores sobre los que pesan medidas judiciales y que permanecen sin localizar rondan el medio centenar en Bizkaia.