Apenas un puñado de horas han sido suficientes para que el Ayuntamiento de Miranda se haya posicionado a favor del colectivo médico del Hospital Comarcal Santiago Apóstol de la ciudad. Si hace una semana era el alcalde Fernando Campo el que, de forma unilateral, emplazaba a las autoridades sanitarias de la región a abandonar sus intenciones de reducir el servicio de atención en las especialidades de Oftalmología y Otorrinolaringología, ayer fue uno de los órganos ejecutivos de la administración municipal, la que ahondó en esta misma petición.
La Junta de Gobierno Local, a petición de Alcaldía, acordó ayer manifestar su apoyo sin fisuras a la carta abierta de la comisión mixta del centro hospitalario. Lo hizo a través de una comunicación oficial, con membrete del Consistorio y firmada por el máximo responsable municipal.
Entre los acuerdos adquiridos -y reflejados de forma escueta en la comunicación que ayer se avanzó a los medios de comunicación- figura el compromiso del Ayuntamiento de «trasladar al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, como ya hizo esta Alcaldía con anterioridad, nuestra preocupación por los recortes que se están produciendo en el centro hospitalario de Miranda». En esa misma línea se le solicita «la paralización de las medidas anunciadas» y una reunión con carácter inmediato en la que «abordar con esta Corporación el tema de la sanidad en Miranda».
El movimiento se produce después de que la comisión mixta, un órgano de participación que representa al colectivo profesional en todo lo que se refiere a la planificación y asesoramiento de la actividad del hospital, hablara de «indignación» y «discriminación» a la hora de valorar la reducción que la Gerencia de Salud tiene previsto llevar a cabo a partir del 1 de enero del próximo año en las dos especialidades. La nueva programación que, de momento, solo se ha notificado verbalmente a los médicos, es que otorrinos y oftalmólogos atiendan a los pacientes únicamente entre las 8.00 y las 15.00 horas. Lo que 'de facto' elimina las guardias.
Un recorte que, tal y como ayer reflejaba este periódico haciéndose eco de la misiva del personal médico, tendrá, entre otras consecuencias, la imposibilidad de «hacer en consultas y en quirófano aquellas técnicas que por el riesgo de complicaciones puedan precisar supervisión urgente»; motivará más ingresos y más desplazamientos a Burgos, además de agravar los problemas que «tradicionalmente ha tenido este hospital» para cubrir su plantilla.
En esa escrito se incidía de forma especial en el carácter «discriminatorio» de la propuesta de la Junta, por no entender su aplicación en un hospital que «viene consolidándose como uno de los más eficientes y rentables de la comunidad en los últimos años, fruto del trabajo y dedicación de sus profesionales». Aseveraciones aún más duras dirigidas a los responsables regionales se movían en esa línea de incomprensión: «El deterioro resultante en la atención sanitaria demuestra muy poca sensibilidad para con un municipio y una población muchas veces abandonada en la esquina del mapa».
