Fianza de medio millón de euros a Alonso y su equipo por el 'caso San Antonio'

La cantidad establecida respondería al montante pagado hasta ahora por el Consistorio en el alquiler del edificio que se contrato en 2007 y tiene una vigencia de 20 años. El Tribunal de Cuentas del Estado emitió una providencia por la que emplazaba a presentar alegaciones a Alfonso Alonso --alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007--, a Maroto --que era concejal de Hacienda con Alonso--, y al resto de los miembros del antiguo Ejecutivo municipal.

Los representantes del ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y de los concejales vitorianos han recibido el acta de liquidación provisional de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, donde se cifra la responsabilidad contable de este caso en 496.223 euros. Ese acta es provisional y, tras las alegaciones de los concejales, debe recabarse la opinión de la Fiscalía para decidir si se sigue adelante con el proceso judicial, por esa cantidad u otra, o se archiva el procedimiento, que sigue las reglas del Derecho Administrativo.

El edicto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que funciona en paralelo con la de fiscalización que realiza los informes, se tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para dar a conocer el resultado final del procedimiento. El órgano fiscalizador investiga el posible perjuicio para las arcas públicas generado por el contrato de alquiler en 2007 de los locales de la calle San Antonio por el Ayuntamiento de Vitoria que los arrendó por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de 20 años. La tarifa de alquiler superaba el precio por el que el empresario Gonzalo Antón compró los locales: 2,7 millones de euros.

Alonso, Maroto y el resto de ediles --entre los que se encuentra el senador del PP Jorge Ibarrondo--, cuya actuación se investiga, no han acudido este jueves ante el Tribunal de Cuentas, sino que lo han hecho sus representantes legales. La única que se ha presentado personalmente ha sido la exconcejal de Hacienda socialista Marian Gutiérrez.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del PSE-EE, en el acta de liquidación provisional de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas se ha fijado en 496.223 euros la responsabilidad contable de los nueve ediles que conformaban la Junta de Portavoces, que deberán pagar esa cantidad solidariamente. Cada uno de los concejales debería abonar, de esta forma, 55.135 euros.

El órgano fiscalizador considera que existe una responsabilidad contable porque la cuantía que se pagó por el alquiler del edificio fue superior a la que establecía un informe técnico del Ayuntamiento, al que, al parecer, se habría hecho caso omiso.

Por ello, el Tribunal de Cuentas cree que los miembros de la Junta de Portavoces deberían resarcir a las arcas municipales con casi 500.000 euros el perjuicio económico que se ha dado hasta ahora con este contrato.

Por otra parte, considera existe también una responsabilidad contable por "un error" en la fecha de la revisión del IPC. Por este "error", que afectaría a los tres concejales de Hacienda que ha habido desde entonces, Javier Maroto, Marian Gutiérrez y Manuel Uriarte, tendrían que pagar las cantidades de 1.696, 5.228 y 13.366 euros, respectivamente.

El contrato, en vigor

Los socialistas han explicado, además, que han sido rechazadas las alegaciones de los ediles del PP que han argumentado que los hechos han prescrito, ya que el contrato continúa en vigor y el Consistorio sigue pagando el alquiler. La exedil del PSE-EE Marian Gutiérrez ha afirmado, tras comparecer ante el órgano fiscalizador, que el Tribunal de Cuentas ha confirmado lo que su partido ha denunciado a lo largo de los últimos años y la investigación realizada por la comisión de investigación del Consistorio.

En este sentido, ha lamentado "el perjuicio económico que arrastra" el Ayuntamiento desde 2007 a causa de este contrato "millonario" de alquiler y ha criticado que los ediles del PP no han defendido "los intereses generales" de la ciudad", sino intereses particulares. "Y la última demostración es que podían haber dado la cara hoy y no han venido al Tribunal de Cuentas", ha concluido.

Fuentes del Consistorio de la capital alavesa han confirmado que el Tribunal de Cuentas ha impuesto esta fianza, que deberán pagar de manera solidaria los 9 miembros del equipo del PP que gobernaba el Ayuntamiento entre 2003 y 2007, y ha rechazado la prescripción de este caso, como pedían los investigados.

El Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión tras escuchar esta mañana a los representantes legales Alonso y el Ayuntamiento, en el inicio del procedimiento de investigación que lleva a cabo por un contrato de alquiler de 20 años de unas oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que el propietario había pagado un año antes por la compra del local (2,7 millones).